El Grupo Popular se centra en cuestionar los argumentos para justificar la urgencia, pero no entra en el contenido de las medidas
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El PP ha empezado a cumplir el anuncio de su presidente, Pablo Casado, de recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos ley aprobados por el Gobierno socialista con las Cortes disueltas y ya ha impugnado los relativos a la ampliación del permiso de paternidad y a los cambios en el mercado del alquiler.
Según el PP, estos dos decretos carecen "del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución. "La urgencia real no se puede identificar con la urgencia política electoralista", sostienen , en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes del Grupo Popular han subrayado a Europa Press que su partido no se opone a medidas concretas como la ampliación del permiso de paternidad, y lo que rechazan es que se "el Gobierno socialista utilice estos decretazos como arma electoral pagada por todos los españoles".
Así, en el recurso contra el decreto ley sobre igualdad de trato, el PP explica que no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que el Ejecutivo lo haga por la vía de urgencia en lugar del procedimiento legislativo: "No quiere decirse que la desigualdad entre hombres y mujeres en España no exista o que no se deban seguir aprobando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que en este caso que ahora se impugna, no se ha justificado el uso del real decreto-ley como instrumento normativo por la vía de la extraordinaria y urgente necesidad".
NO SE JUSTIFICA LA VÍA DE URGENCIA
A su juicio, en la motivación del decreto ley no se aborda la realidad existente, incurriendo incluso "en imprecisiones y falsedades". Los argumentos del Gobierno, "o son genéricas y sin asidero en datos, o son directamente falsas, como decir que la brecha salarial no se ha reducido en los últimos años", tal y como se demuestra con datos de Eurostat recogidos en el recurso.
También se recuerda que, en el momento de disolución de las Cortes se estaban tramitando diez proposiciones de ley sobre este asunto, sin que el Gobierno haya justificado el motivo de rechazar todas esas propuestas para optar en su lugar por un decreto ley que no permite discusión de enmiendas.
El PP alega además que los decretos-ley se justifican por tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente, y en cambio el que aprobó el Gobierno apuesta por una "aplicación paulatina" de algunos artículos y no ha acabado de entrar en vigor hasta el 1 de abril, cuatro semanas después de aprobarse en Consejo de Ministros.
En el caso del real decreto ley de vivienda y alquiler, el Grupo Popular cuestiona los argumentos del Gobierno sobre la situación de extraordinaria y urgente necesidad de la norma. "La mera cita de porcentajes descontextualizados y la realización categórica de afirmaciones sin verdadera base estadística no puede esgrimirse en fundamento del presupuesto habilitante, sino que las razones o motivos han de ser reales", indica.
En su opinión, y citando datos de fuentes oficiales y públicas, las afirmaciones aportadas por el Gobierno como justificación de una extraordinaria y urgente necesidad de la norma son "o bien falsas" (caso de la afirmación de la intensa subida de precios en varias provincias), "o parciales e incompletas que conducen a error y no muestran la realidad completa e inexistente" (caso del número de lanzamientos de arrendatarios o de la tasa de esfuerzo de la persona o familia en alquiler).
"FÓRMULAS HUECAS Y VACÍAS E INCLUSO ENTERAMENTE FALSAS"
"Ha de concluirse que la exposición de motivos ha usado fórmulas huecas y vacías, cuando no enteramente falsas, que no pueden sustentar la concurrencia del presupuesto habilitante para la aprobación conforme a Derecho de un Real Decreto-Ley para abordar el tema de fondo del mismo", añade el recurso.
Por último, indica que el decreto no respeta diversas exigencias constitucionales, como la de hacer una presentación explícita y razonada; tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente o tener una necesaria conexión entre la situación de urgencia extraordinaria, justificada y definida por el Gobierno, y la medida concreta que este adopta para solventar la misma.
Los dos decretos recurridos son de los primeros que aprobó el Gobierno socialistas en vísperas de disolver las Cortes, pero el PP no descarta que acabe impugnando otros de los que convalidó este miércoles la Diputación Permanente del Congreso.
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