MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, considera "un gravísimo error" que el PSOE tenga previsto apoyar este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional del PNV, que plantea castigar con multa, en vez de suspensión, la negativa de cargos públicos o funcionarios a aplicar sus resoluciones.
En declaraciones a Europa Press, Hernando ha admitido estar "muy sorprendido" por el respaldo que los socialistas prevén dar a la iniciativa porque el PNV también contempla eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, uno de los pocos consensos que, según ha recordado, alcanzaron en la pasada legislatura los dos partidos mayoritarios.
El PSOE mantiene su respaldo a la recuperación del recurso previo para evitar conflictos de legitimidad como los ocurrido con el último Estatuto catalán, aprobado en referéndum y después anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, y ya ha adelantado que, cuando se tramite la reforma del PNV, hará valer sus votos y los del PP para no dejar que se introduzcan cambios en esa parte de la Ley del TC.
"ESPERO QUE NO LO HAGAN"
Sin embargo, el dirigente 'popular' ha censurado el proceder de primer partido de la oposición y ha subrayado que sería "un gravísimo error" que finalmente acabe dando su respaldo a la propuesta de los nacionalistas vascos. "Espero que no lo hagan", ha llegado a decir.
Con el voto de los socialistas, la iniciativa del PNV tiene opciones para continuar su tramitación en el Congreso porque también se espera que recabe el respaldo de Unidos Podemos-En Comú y de los independentistas de ERC y PDECat.
Menos suerte correrá la proposición de ley que en el mismo sentido defenderá la antigua Convergència, que se limita sin más a pedir la derogación de los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015.
El PSOE considera que la planteada por los nacionalistas vascos es más completa en tanto que plantea una nueva redacción con la que se acepta que incumplir las sentencias del TC debe tener algún reproche, pero en vez de la suspensión que incorporó el PP, apuestan por una multa de 600 a 3.000 euros. Una tesis que, según fuentes del PSOE, se ajusta más a lo que defendieron en 2015, cuando votaron en contra de la reforma 'popular'.