Prada niega irregularidades en Campus de la Justicia: "No disponía de los fondos caprichosamente ni tuve advertencia"

Rechaza que adjudicara contratos a dedo y resalta que eran publicitados

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha negado este lunes que cometiera irregularidades en la adjudicación de contratos de Campus de la Justicia, asegurando que "no disponía de los fondos caprichosamente" y que no tuvo "ni la más mínima advertencia" de que incurriera en alguna.

Así lo ha hecho al declarar como acusado en la Audiencia Nacional durante el juicio sobre su gestión de la empresa pública entre 2005 y 2008. Ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de todas las defensas, pero no a la otra acusación que ejerce la Comunidad de Madrid.

Prada ha indicado que toda la contratación, "de personal y de todo tipo", "cumplió con los requisitos de concurrencia y publicidad", señalando que anunciaban las ofertas en páginas web, boletines oficiales, tablones de anuncio y medios de comunicación.

Dicho esto, el exconsejero madrileño ha reivindicado que todo lo que se pagó es porque estaba ejecutado y ha defendido la necesidad de contratos para promocionar el proyecto, como que se desplegara --por decisión del Gobierno regional y no suya, en sus palabras-- una lona o un autobús "educativo", que "no daba vueltas sin más".

"Yo no firmé nada que no tenía que firmar y que no tuviera el visto bueno de la Secretaría General Técnica. Y quiero añadir una cosa que me parece importantísima: no tuve ni una nota, ni un mensaje, ni un correo, ni siquiera de viva voz, de la más mínima advertencia de que lo que yo estaba haciendo o yo estaba firmando incurría en la más mínima irregularidad. Ninguna", ha declarado.

En este sentido, el exconsejero de Justicia e Interior y exvicepresidente segundo de Aguirre ha expresado que toda la contratación que llevaba su firma contaba con el informe previo de los servicios jurídicos si era obligatorio por la cuantía.

Ha acusado de "mentir descaradamente" a la entonces secretaria general técnica, que en su declaración como testigo al principio del juicio aseguró que Prada asumió toda la contratación del Campus de la Justicia y que les transmitía "información básica" de los contratos después de adjudicarlos.

Respecto al contrato que se adjudicó al arquitecto Norman Foster para el diseño de edificios, ha expresado que se hizo conforme a la legalidad, con informe previo, negando así que hiciera adjudicaciones a dedo.

"Si no, que alguien me explique cómo es posible que el contrato de Norman Foster, que firma la presidenta de la Comunidad de Madrid, no está previamente hablado y visto el informe jurídico y técnico. ¿Usted cree que una presidenta va a sentarse a firmar un contrato sin tener previamente eso aprobado", se ha preguntado, para remachar que el informe "existía": "Porque, además, yo lo vi".

El proyecto, impulsado en 2005 por el Gobierno autonómico de Aguirre para reunir en un mismo espacio de Madrid las sedes judiciales regionales, finalmente resultó fallido, dado que no se terminó de construir y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros.

Ha explicado que intentaron que el arquitecto español Santiago Calatrava participara, por lo que se entrevistó con él. "Me dijo que estaba encantado del proyecto, pero pidió hacer los 14 edificios y yo le dijo que no, que me parecía una barbaridad" dárselos a una sola persona, según ha contado.

DEFIENDE AL RESTO DE ACUSADOS

Prada ha señalado que informaba de las contrataciones al consejo de administración de la sociedad pública y que firmaba las facturas porque era su "obligación", pero que la cuenta bancaria se abrió a nombre de Campus. "Yo no disponía de los fondos caprichosamente, ni mucho menos", ha subrayado.

La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Prada por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para los otros cinco acusados, que formaban parte del equipo directivo: Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).

Sobre quienes le acompañan en el banquillo de los acusados, Prada ha garantizado "su profesionalidad y buena fe", para añadir que eran muy cualificados en su terreno y grandes profesionales. "No tengo la más mínima duda de todos ellos", ha afirmado.

El acusado ha negado que contratara mayoritariamente a personal directivo o que contratara a personas por afinidad. "Nunca he nombrado a nadie pensando en mí, he pensado siempre en la profesionalidad y la cualificación de lo que tenían que hacer, porque su éxito era el mío y el del Gobierno", ha dicho.

NECESIDAD OBJETIVA DEL PROYECTO

Prada ha indicado que el proyecto era un mandato que recibió del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que de la constitución de la empresa se encargó la Consejería de Hacienda, no la de Justicia e Interior que dirigía.

Ha indicado que existía plan de viabilidad y ha querido recordar la declaración de Aguirre como testigo en el juicio sobre "la necesidad, parecía que objetiva, de poner en marcha el proyecto".

Y al igual que Aguirre, Prada ha sostenido que el proyecto nace de la petición de "absolutamente todos los estamentos" de la Justicia, entre los que también ha citado al entonces fiscal general del Estado y hoy presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Lo que se somete a juicio es una causa que se abrió en agosto de 2018 al admitir el juez instructor una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid que arrojaba diversas irregularidades en Campus de la Justicia.

Sobre las cuentas de la empresa, el exconsejero ha indicado que fueron aprobadas siempre por el consejo de administración, por la Junta General de accionistas y por el Consejo de Gobierno.

"Fueron aprobadas y ningún grupo parlamentario, ninguno, dijo la más mínima irregularidad ni denunciaron absolutamente nada, ningún grupo", ha apuntado, para relacionar la aparición de la denuncia a una "cuestión política" en un momento de polémicas que atravesaba la entonces presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

En cuanto a que solo se construyera el Instituto de Medicina Legal y una serie de túneles, cuando se habían previsto 14 edificios, Prada ha pedido que "no se minusvalore la urbanización como mínima": "Porque es una gran urbanización la que se ha realizado".

Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos, corrompiendo así el procedimiento de adjudicación.

Prada ha apuntado a la desaparición "increíble" de documentación que acreditaría su buena gestión y ha querido subrayar que nunca se enriqueció con Campus de la Justicia, ni tampoco el resto, a lo que el tribunal le ha replicado que de eso no está acusado.

OTROS ACUSADOS

El segundo acusado en declarar ha sido Mariano José Sanz, que fue subdirector general técnico y ha rechazado que hubiera interés en que los contratos se adjudicaran a empresas concretas.

Sanz ha asegurado que cuando se reunía la mesa de contratación, se explicaban los informes, se daban explicaciones si había alguna duda y se votaba. Y al ser preguntado si el voto era libre o venía impuesto, ha declarado que él nunca presionó y que no vio a nadie hacerlo.

Por su parte, el que fue director general técnico, Isabelino Baños, ha expresado que la mesa sometía la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, que era Prada y tenía la facultad de cambiar, pero eso "nunca pasó". Además, "nunca hubo ninguna reclamación de ningún tipo" por parte de empresas aspirantes a lograr algún contrato, ha apostillado.