Le reclaman por el presunto desvío de fondos de la siderúrgica a empresas 'off shore'
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ha rechazado formalmente ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ser extraditado a su país natal, donde le reclaman por presuntos delitos de corrupción, según han informado fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central número 1 le ha citado a declarar este martes para comunicarle la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas para poder investigarle por las presuntas transferencias irregulares desde las cuentas de AHMSA a empresas 'off shore' vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht y al exdirector de Pemex.
El empresario mexicano fue detenido a finales del mes de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en virtud de la reclamación de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicanas al encontrarse bajo sospecha por presuntos delitos de corrupción.
Ancira ya rechazó entonces su entrega a México, cuando declaró por videoconferencia ante el juez Pedraz, a la espera de que justicia mexicana formalizase su petición. Mientras se realizaban los trámites, el magistrado acordó su ingreso en prisión bajo fianza de un millón de euros, que finalmente abonó el pasado 1 de julio.
Así, una vez que la solicitud de entrega de México y la documentación que avala la reclamación ha llegado a la Audiencia Nacional --disponía de 40 días para ello desde su detención--, el juez Pedraz ha vuelto a citar al empresario, de forma presencial, para preguntarle formalmente si acepta su extradición. Algo, que según han informado fuentes jurídicas, ha rechazado de nuevo.
Tras esta comunicación, será la Sala de lo Penal quien estudie está petición de extradición y quien en los próximos meses celebrará una vista para analizar si se cumplen los requisitos necesarios para aceptar la petición de México.
Mientras tanto, el presidente de AHMSA se encuentra en libertad provisional con las medidas cautelares que impuso el magistrado instructor cuando le excarceló. Se trata de comparecencias en el juzgado cada dos días, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.