Un presunto colaborador de José Luis Moreno se describe como un inversor que quería acercarse al mundo del espectáculo

Un supuesto testaferro detalla un intento fallido de vender sistemas informáticos a gasolineras tras pedir un crédito

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de los presuntos colaboradores del productor de televisión José Luis Moreno en la supuesta macroestafa investigada en la 'Operación Titella', que se encargaría de mover el dinero dentro del entramado societario, ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que solo era un inversor que vio en el ventrílocuo una oportunidad de introducirse en el mundo del espectáculo.

Se trata de Luis Dueñas, al que el sumario de la causa describe como un profesional independiente con amplios conocimientos económicos y financieros que se ocuparía de poner a buen recaudo los fondos obtenidos por la presunta trama transfiriéndolos desde sociedades antiguas lastradas por las deudas a otras nuevas libres de cargas.

En su declaración de este jueves como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Dueñas se ha descrito como un inversor habituado a hacer todo tipo de operaciones que se acercó a Moreno con el propósito de explorar las oportunidades relacionadas con la producción audiovisual, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Dueñas ha detallado que hizo tres operaciones con Moreno. Primero le prestó 200.000 euros, después asumió el pago de un crédito que la ex estrella televisiva tenía con una entidad bancaria y, finalmente, compró un estudio de rodaje propiedad de otro banco que el ventrílocuo tenía alquilado.

De acuerdo con las mismas fuentes, Dueñas ha explicado que esta tercera y última inversión fue la que le resultó menos rentable porque mantuvo a Moreno como inquilino y tras los primeros meses empezó a retrasarse en los pagos.

CUENTAS VACIADAS

Este jueves también ha comparecido como imputado Óscar Tardío, a quien la Policía sitúa como un presunto testaferro de Moreno. En su caso, ha contado al magistrado su relación con Raúl Pontvianne, otro investigado con quien se habría embarcado en una operación para la venta de sistemas informáticos a gasolineras.

Tardío ha indicado que este último le hizo administrador de una sociedad creada para dicho negocio con la que obtuvieron un crédito bancario de unos 200.000 euros. Pontivanne figura en los informes policiales como uno de los encargados de captar financiación para la red utilizando coches de lujo para impresionar a los empleados de las sucursales.

Sin embargo, la idea inicial se habría desviado hasta el punto de que pasaron de querer dar soporte informático a estaciones de servicio a instalar aires acondicionados y vender electrodomésticos.

En un momento dado, Tardío se enteró por un aviso del propio banco de que en las cuentas de la empresa había movimientos inusuales. Conforme a su relato, Pontvianne dispuso del dinero sin su conocimiento, llegando incluso a forzar la mesa de su despacho para obtener las claves de acceso a las cuentas bancarias, un episodio que habría denunciado hace tan solo quince días.

Estaba previsto que este 7 de octubre también declarasen otros dos investigados en 'Titella', José María Alvear y Ernesto Paniagua, pero su comparecencia ha sido suspendida. Para el viernes se espera otra tanda de declaraciones con otros cuatro imputados: Pascal Jean Jorgen, Óscar Ordoñez y Beatriz y Ramón Sánchez.

El juez dio un nuevo impulso a las pesquisas al acordar esta ronda de comparecencias que comenzó el miércoles con Natalia Fernández, sobrina de Moreno que se negó a declarar; y Cristina Muñoz y Rosa Santamaría, dos trabajadoras de empresas del productor de televisión que defendieron que las facturas emitidas eran reales. Ese mismo día también debía haber declarado el hermano de Natalia, Raúl, pero su citación tuvo que ser pospuesta.

MORENO, LA "TARJETA DE VISITA"

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó 'in extremis' en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

ESTAFA Y BLANQUEO

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aquilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.