El presunto 'conseguidor' de Púnica niega trabajos 'ad hoc' para la Diputación de León

Archivo - El expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional para el juicio por la trama leonesa del ‘caso Púnica’, a 10 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Los acusados se enfrentan a penas de entre ocho y
Archivo - El expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional para el juicio por la trama leonesa del ‘caso Púnica’, a 10 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Los acusados se enfrentan a penas de entre ocho y - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
Actualizado: jueves, 26 enero 2023 17:17

Alonso Conesa asevera que no ejerció su influencia sobre políticos del PP para obtener contratos

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El supuesto 'conseguidor' de la trama Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, ha señalado este jueves en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la pieza de 'Púnica' relativa a León que su empresa, dedicada a posicionar noticias de la Diputación de León en Internet, no benefició solo a la Presidencia de esa administración buscando un beneficio reputacional, sino que la labor se extendía a las diferentes áreas.

De Pedro y dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez se enfrentan a penas de entre 8 y 5 años y medio de prisión por los trabajos de reputación 'online' y asesoramiento de Martínez, y por la adjudicación de contratos para la estación de esquí de San Isidro.

Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; al exalcalde de Cartagena y consultor José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habrían recibido unos 90.000 euros de fondos públicos de forma irregular.

De Pedro, que antes de comenzar a declarar ha señalado que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, ha respondido sólo a preguntas de su defensa para aclarar que sus compañías ofrecían servicios tanto a clientes públicos como privados, y que la relación con esa diputación arrancó en marzo de 2012 cuando le contacta una empresa de comunicación para tratar de solventar el hecho de que las noticias de esa administración no se posicionaban bien en buscadores como Google.

La falta de publicidad de esas notas de prensa le preocupaba a la presidenta de la diputación, la ya fallecida Isabel Carrasco, y fue el detonante, ha explicado, para que contactaran con sus empresas, que disponían de digitales locales gestionados por Madiva y estaban especializados en posicionamiento gracias a Eico.

Durante su declaración, ha querido poner en valor la fama internacional de su empresa, la ha calificado de pionera en el posicionamiento en Internet --ha llegado a decir que la idea de negocio se le ocurrió en una charla con los presidentes de Facebook y Google--, y ha subrayado que es "falso" que en ese trabajo posicionaran sólo a la presidenta con el objetivo de mejorar su reputación online.

POSICIONAR EN GOOGLE NEWS

"No se beneficiaba solo al presidente, (...) es falso que se beneficie solo a la persona de Isabel Carrasco, (...) trabajábamos para posicionar la nota del día en Google News", ha enfatizado.

Además, a petición de uno de los magistrados de tribunal, ha aclarado que los cuadernos reputacionales que elaboraban eran simples resúmenes de lo que se iba haciendo en el día a día, y que sólo hablaban de lo que se posicionaba, de las 'url'. "El informe para nosotros era una tontería", ha indicado.

A preguntas de su defensa, De Pedro ha afirmado además que el código deontológico de la compañía la convertía en la mejor de España, que eran continuamente auditados y que él daba la orden "de que sólo se publicaba lo que pasaban los gabinetes de prensa, nada más, porque quien pagaba era la Diputación de León".

Al hilo, sobre Carrasco, asesinada en mayo de 2014 en plena vía pública de la ciudad de León, ha reiterado que no trabajaron para mejorar su reputación personal sino que el contrato era institucional. "Si a mi esa señora u otra persona me dice: 'Álex, límpiame la imagen', tenga por supuesto que esto no lo hago, porque esta señora ocupaba 13 cargos, de los que ocho tenían gabinete de comunicación, eso no lo hacíamos", ha explicado.

"BASTANTE TENÍA CON EL SARAO"

En cuanto a los trabajos para el sucesor de Carrasco, el imputado Martín Marcos Martínez, ha explicado que dado que la sustituye, la labor de su empresa continúa, aunque ha apuntado que éste se interesaba menos por informes "porque bastante tenía con el sarao que le vino de golpe".

Al hilo, ha recalcado que nunca ha prestado asesoramiento político a Martínez, aunque ha reconocido que él le daba su opinión porque sabía "de muchas cosas". Y ha enfatizado que no trabajó ni cobró para la empresa 'Jersul', aunque sí para Ecoembes.

En cuanto a los hechos que se le imputan en relación a la estación de esquí, ha indicado que el presidente de la Diputación le trasladó que estaba "muy preocupado por los números" y que el agujero económico lo tenía en esas pistas porque tenían pérdidas de un millón de euros.

Por eso, ha explicado, y dado que si podía le ayudaba, se convirtió en una especie de intermediario porque conocía "al mayor experto" en nieve y aglutinó a gente que podía dar un servicio. Con todo, ha recalcado que el presidente de la Diputación nunca tuvo un interés personal en ese negocio, sino que actuaba siempre "en beneficio de la Diputación".

EL "CONSULTOR" ALONSO CONESA

Tras De Pedro ha sido el turno de la declaración de José Antonio Alonso Conesa, quien ha explicado a preguntas de su abogado que durante años, hasta su entrada como consultor en Eico en enero de 2014, la vinculación con el 'conseguidor' De Pedro fue la de dos empresarios que se conocen y comparten algunos clientes.

Ha señalado que le conocía porque tenía una empresa con una buena herramienta de Internet y porque era experto en reputación social, algo raro en España en 2010. Tras explicar que le pasó varios contactos para que De Pedro les ayudara en reputación, ha enfatizado que en todo ese tiempo "nunca" tuvo retribución o relación económica con Eico, que vivía de su consultoría y de sus clientes.

Así, ha insistido que nunca fue socio de De Pedro, pero que éste en 2014 le ofrece tener una relación comercial, y le contrata como consultor estratégico y de posicionamiento comercial. Ha apuntado que el vínculo termina en septiembre de 2014 y que sus ingresos por esos servicios rondaron los 35.000 euros.

Preguntado por el cliente Diputación de León, ha respondido que no tuvo relación directa y que sólo prestó ayuda en tres momentos a petición de Eico: para recomendar una empresa de comunicación, para asesorar al nuevo presidente (Marcos) tras el fallecimiento de Carrasco, y para poner en contacto a personas con intereses comunes por la estación de esquí.

Además, Conesa ha negado haberse valido de sus 20 años de servicio político para influenciar a políticos del PP. "He dedicado 20 años de mi vida a la actividad política, he tenido relación con políticos de todos los colores, pero influencia, y si se refiere a hacer algo que tenga que ver con lo que se juzga en esa causa, ninguna", ha enfatizado.

Al hilo, ha explicado que trabajando para Eico no revisó informes reputacionales ni ha revisado webs para ver si mantenían los correspondientes banners publicitarios.

EL ESCRITO DE ACUSACIÓN

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía reclama para Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación y actual alcalde del municipio de Cuadros como independiente, la pena más alta, de 8 años de prisión, por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.

Por su parte, para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez, que fue coordinador del gabinete de prensa de la Diputación y ahora es alcalde de Puebla de Lillo con un partido independiente, solicita 7 años, uno menos que a Martín Marcos, al no ser acusados de tráfico de influencias.

El Ministerio Público pide para De Pedro y Alonso Conesa 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude, mientras que para Guadalupe Caballero deja su petición en 3 años y cinco meses de cárcel por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad.