Uno de los principales acusados del 'caso Efial' se desmarca de las presuntas adjudicaciones irregulares en Madrid

Varios acusados niegan que se privilegiara a empresas o que se maniobrase para la adjudicación de contratos

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Consultoría en Gestión Innovadora (CGI) --el nombre que adoptó la consultora Efial--, Ramón Solé, se ha desmarcado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos públicos para obras pequeñas en la Comunidad de Madrid de los detalles de los mismos y de las "gestiones comerciales" a su alrededor.

En su declaración como acusado, Solé ha asegurado que es lógico que no pudiera "seguir las gestiones comerciales y los contactos que hacen los diversos comerciales que había en la empresa y los dos o tres que ha podido haber en Madrid colaborando periódicamente". "Yo no los puedo seguir, no los sigo", ha repetido.

Cabe recordar que en esta vista se juzga a una quincena de personas, entre ellos funcionarios y exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por prevaricación continuada. Esta pieza concreta que se juzga ahora afecta a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz.

Durante su intervención, Solé ha sostenido que "es normal" entregar a un Ayuntamiento "pliegos publicados". "Lo que no es normal es poner en el pliego una cosa que beneficie a alguien. Esto no es normal. Pero pliegos publicados es normal en el sector. Cuatro o cinco pliegos publicados para que escojan, para que decidan y modifiquen lo que sea. Es normal", ha opinado.

En ese punto, el fiscal le ha preguntado "en qué norma está puesto eso". "En la vida no está regulado todo. Es normal, es de sentido común además. No le vas a pedir a un alcalde que redacte un pliego de inspección tributaria. No se lo puedes pedir", ha contestado el acusado.

Preguntado sobre otro de los principales acusados, el que fuera director territorial de CGI Blas Acosta, Solé ha asegurado que "tiene muchas ventajas" pero también "presume de cosas fuera de lógica y es fantasioso o fanfarrón". "No son sus virtudes principales la precisión en el lenguaje", ha aseverado.

Cabe destacar que Acosta, que reconoció en la sesión de este lunes los hechos de los que se le acusa, explicó que su función era la de controlar los contratos adjudicados, mantener interlocución con el cliente y contactar con funcionarios para conocer de diferentes concursos.

"¿QUÉ COÑO VOY A QUITAR LA CLÁUSULA?"

El que fuera jefe del órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento de Getafe, Emilio Fernández Agüero, ha descartado que modificase uno de los pliegos que están bajo el foco a petición del propio Acosta. "Ni mucho menos", ha sostenido durante su declaración como acusado. "Mire, yo llevo 34 años en la función pública. A mí no me dice ni un alcalde que tengo que poner una coma, y menos me lo va a decir una empresa privada", ha insistido.

Fernández, que ha explicado que trabajó durante un año en el consistorio -estando en comisión de servicio de su puesto en el Ayuntamiento de Talavera--, ha asegurado que Blas Acosta presumió "ante su jefe, el dueño de la empresa". "Desde el punto de vista un poco comercial, un poco fanfarrón, haciendo ver la influencia que puede tener sobre funcionarios públicos. Diciendo, he hablado con el jefe y va a quitar esta cláusula. Oiga, si en el pliego está la cláusula. En el pliego está la cláusula. ¿Qué coño voy a quitar la cláusula? Ahí está la cláusula", ha clamado.

Fernández ha insistido en que no es "responsable de la conversación que mantenga Blas Acosta con su jefe, ni lo que le diga". "Pero lo que sí puedo decir es que eso no se ajusta a la realidad, que en mi vida nadie me ha dicho, no se lo hubiera consentido, que quite yo, que pongo una cláusula y que la vamos a redactar juntas", ha continuado.

Y es que, ha añadido, el "experto en tesorería y en recaudación" es él mismo. "Si yo sé más que cualquier empresa privada, si soy el experto a nivel nacional en Instituto Nacional de Administración Pública, si todos los secretarios e interventores que aprueban la oposición los doy clases en materia de tesorería y recaudación, si yo me equivoco en tesorería, necesito que me cuelguen ustedes de los pies para abajo con la cabeza", ha apostillado.

NO SE BUSCÓ "PRIVILEGIAR" A CGI

Este martes también ha declarado como acusada Isabel Apellániz, que fue titular del órgano de gestión tributaria y recaudación el Ayuntamiento de Móstoles, y que ha defendido que se contrató a CGI por motivos de "urgencia" y porque "de todas las empresas" disponibles era la que estaba en mejores "condiciones".

"Teníamos un problema de atención al contribuyente enorme. El servicio de atención al contribuyente se colapsó. Se me encomienda por la concejalía para que tome medidas adecuadas. Yo consulto con las empresas que conozco, con otros compañeros y redacto el pliego de cláusulas administrativas", ha detallado.

Con todo, la acusada ha afirmado que no se quiso "privilegiar de ninguna manera" a CGI. La empresa, ha incidido, utilizaba el mismo programa que se usaba en el consistorio, por lo que se consideró un punto a favor. "Eso era algo que no todas las empresas de recaudación, por no decir casi ninguna, estaban en condiciones de hacer. La propia exclusividad de la condición de utilizar los programas que el Ayuntamiento ya tenía, condicionaba mucho la licitación", ha reconocido.

Por último, Apellániz ha dejado claro que no se hace "responsable del pliego" que se suscribió. "No sé la persona que lo firmaría, imagino que tomaría sus reservas o se lo estudiaría, o tomaría las decisiones que tuviera que tomar, pero en ningún caso lo firme yo. Eso sí que lo recuerdo con seguridad", ha apostillado.

"SON UNOS HIJOS DE PUTA"

Por su parte, la que fuera interventora en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz y Chinchón Lucía Mora ha sido interrogada por una conversación en la que instó a Acosta a presentarse a un concurso. "Todos los datos os los voy a dar, paso, no quiero que (otra empresa) gane el concurso, son unos hijos de puta", le llegó a espetar en una conversación privada, que ha sido leída por el fiscal.

Durante su declaración, la acusada ha asegurado que esa conversación está descontextualizada y ha afirmado que estaba "muy apurada" porque tenía "miedo" después de haber "descubierto una negligente gestión" de una de las empresas que se presentó y ganó ese concurso previamente.

Mora, que ha explicado que denunció esta circunstancia a la Cámara de Cuentas, ha sido preguntada si direccionó a Acosta para que CGI se presentase al concurso. "Tú ya sabes que el pliego me lo he trabajado yo, muchísimo, si os presentáis, no se cae", la explicó al propio Acosta.

"Él cuando mantuvo las conversaciones conmigo, esos pliegos ya estaban fuera. No, no estaban direccionados absolutamente para nada y de hecho estaban tan poco direccionados que el precio de salida salió muy ajustado", ha espetado la acusada.

EL PLIEGO DE MECO

En la sesión de este martes ha declarado también el que fuera concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Meco en el momento de los hechos, Luis Miguel Gómez. El fiscal le ha preguntado si "transmitió datos a los empresarios" que se iban a presentar a una licitación, "en concreto a CGI", en base a uno de los correos que obran en la causa.

Gómez, que ha asegurado que habló con el alcalde porque Meco "no es un municipio muy grande", ha apuntado que el consistorio únicamente cursó una invitación formal a CGI para que se presentase al concurso. "Es exactamente el mismo correo, hasta la más mínima coma, que se envía a las otras dos empresas", ha añadido.