El Govern pide un juicio justo y "más política y menos Código Penal"

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y la consellera de Justicia, Ester Ca
EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha pedido este lunes un juicio justo para los procesados por el 1-O y ha exigido al Estado "más política y menos Código Penal".

Lo ha dicho en la rueda de prensa tras el Consell Executiu que se ha celebrado excepcionalmente el lunes, precisamente por el inicio del juicio en el Tribunal Supremo en Madrid el martes.

Capella ha pedido al Alto Tribunal retirar el delito de rebelión porque "no hubo violencia" y el de sedición porque, según ha relatado, no se produjo ningún alzamiento tumultuario.

"Todos sabemos que no hubo violencia, y por lo tanto los delitos que son imputados a los procesados no se produjeron", ha asegurado, y ha hecho referencia al manifiesto firmado en noviembre por más de un centenar de catedráticos de derecho penal de universidades españolas que respalda esa tesis.

La consellera ha pedido al instructor que tenga en cuenta la voluntad del legislador cuando decidió incluir esos dos tipo penales en el Código Penal, a la hora de decidir si debe atribuírselos o no a los procesados por los hechos del 1-O.

"Esperamos que se aplique el derecho penal de un estado democrático y de derecho", ha dicho, y pedido contemplar los principios de proporcionalidad, de taxavidad, de legalidad y todo aquello que entre en el ámbito de la razón jurídica.

También ha solicitado que los hechos se analicen "tal como se han producido y que no se cambien, ni se impongan hechos imaginarios o que no han pasado" para adaptar el proceso judicial a unos tipos penales concretos.

"Los países de nuestro entorno han enmendado la plana a los tribunales españoles y reiteremos que no están contemplados en el Código Penal el delito de rebelión y sedición de la forma que lo ha venido haciendo el instructor", ha zanjado.

Por todo, ello ha pedido "un juicio justo", al que puedan asistir observadores internacionales para que puedan acceder a todos los elementos de la prueba.

Para la consejera este juicio pone en cuestión "la voluntad democrática del pueblo de Cataluña, pero también los principios básicos que inspiran un Estado de derecho".