El PSOE se inclina por evitar que se debata el texto de Junts pidiendo a Sánchez una cuestión de confianza

Sumar no se opone a tramitarla, aunque también duda de que se pueda "instrumentalizar" esta figura constitucional

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que hay argumentos para que la Mesa del Congreso no califique la iniciativa registrada por Junts en la que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, lo que evitaría que fuera debatida y votada en el Pleno del Congreso.

Por lo pronto, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado en rueda de prensa que la admisión o no a trámite de esa proposición no de ley corresponde al órgano de gobierno de la Cámara, que la estudiará la próxima semana.

Eso sí, ha recalcado que tanto el Reglamento del Congreso como la propia Constitución dejan claro que "el recorrido de una cuestión de confianza no es una proposición no de ley", puesto que la potestad para utilizar esa herramienta es el jefe del Ejecutivo. También ha insistido en que el Gobierno de coalición "se gana la confianza todas las semanas, sacando adelante las cosas".

Fuentes socialistas sostienen que existen precedentes que podrían llevar a la Mesa de la Cámara, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, a no calificar la iniciativa de Junts.

Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha expresado sus "dudas" de que se pueda "instrumentalizar" el artículo 112 de la Constitución (el que regula la cuestión de confianza) como algo que "se someta a una instancia del Congreso o del Gobierno".

SUMAR PIDE PRUDENCIA

Aún así, ha abogado por ser "prudente" y esperar a que los servicios jurídicos de la Cámara Baja se posicionen sobre el tema. Eso sí, ha dejado claro que el grupo plurinacional están abiertos a que la proposición no de ley llegue al Pleno. "El ejercicio de la democracia siempre nos va a parecer bien, que se debata y se discuta en el Congreso todo", ha zanjado.

La decisión la tomará la Mesa del Congreso el próximo martes. No lo ha hecho en su reunión de hoy porque sólo analiza las iniciativas de los grupos registradas en la semana anterior y la de Junts se registró este lunes.

El texto llegará al órgano rector del Congreso el martes con una nota de los servicios jurídicos que, como es habitual, informarán sobre si debe calificarse tal y como se ha registrado o si aprecian algún inconveniente formal. En cualquier caso, la opinión de los letrados no es vinculante.

SÓLO PUEDE ACTIVARLA EL PRESIDENTE

Por lo pronto, según han informado fuentes parlamentarias, lo único que se ha constatado es que no existen precedentes de una proposición no de ley en la que se emplace al presidente del Gobierno a activar un mecanismo parlamentario que sólo él tiene facultad para poner en marcha y que está reglado en la Constitución.

En todo caso, será la Mesa, en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría, la que decida si admite o no trámite la proposición no de ley de Junts.

En ocasiones anteriores sí se han tramitado textos que instaban al Gobierno, por ejemplo, a convocar el Debate sobre el estado de la Nación, una cita que, al igual que la cuestión de confianza, sólo le corresponde convocar al Ejecutivo.

La Mesa el Congreso también admitió a trámite en su momento la ley de amnistía porque el letrado mayor indicó que, aunque hubiera dudas de inconstitucionalidad, no corresponde al órgano de gobierno de la cámara frenar su tramitación porque sólo compete al TC decidir si un texto vulnera o no la Carta Magna. Ese mismo criterio se aplicó con iniciativas de Vox sobre inmigración que Sumar consideraba inconstitucionales y pasaron el filtro de la Mesa.

En todo caso, si finalmente se admite a trámite la proposición no de ley, Junts no tendría cupo para someterla a votación en el Pleno del Congreso hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero.

Además, en caso de salir adelante, lo que requeriría la suma de PP y Vox, la iniciativa de Junts no es de obligado cumplimiento, como otras proposiciones no de ley que ha aprobado el Pleno pese a la oposición del Gobierno.