El PSOE pide un protocolo de actuación frente al acoso laboral en las Fuerzas Armadas

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defenderá este martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados la elaboración de un protocolo de actuación que proteja a las víctimas de acoso psicológico, moral y laboral en el seno de las Fuerzas Armadas, similar al que ya existe para los miembros de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

En una proposición no de ley, el Grupo Socialista intentará recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios para instar al Gobierno a elaborar "con la mayor brevedad posible" este protocolo de buenas prácticas para la actuación y prevención de quienes denuncien algún tipo de acoso.

Según recuerda, la dignidad de las personas está protegida por la Constitución y, por ello, en 2011 se aprobó un protocolo frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. Y éste fue adaptado después para los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las Fuerzas Armadas, que sólo cuenta con un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. "Este protocolo aborda tangencialmente el acoso laboral y especifica que la víctima será atendida, eso sí, solo si dicho acoso laboral es consecuencia de un acoso sexual previo --alerta el PSOE--. Si la víctima sufre acoso laboral pero este no es consecuencia de un acoso sexual previo, la víctima de dicho acoso laboral no tiene ningún protocolo al que acogerse".

DISCRIMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS FFAA

Los socialistas alertan de que esta situación supone una "discriminación" de los miembros de las Fuerzas Armadas respecto al resto de la sociedad, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y también dentro de las Fuerzas Armadas entre quienes han sufrido acoso laboral como consecuencia de un acoso sexual previo o no.

La iniciativa propone que ese nuevo protocolo preste especial atención a la integridad física, moral, psicológica, personal y profesional de la víctima denunciante y que establezca los canales adecuados para facilitar las denuncias.

También exige que se garantice la independencia de la investigación de las denuncias, radicándola fuera de la cadena de mando de la víctima, y que haya personal especializado y formado en la investigación de estos comportamientos y la atención a las víctimas.