El PSOE pide al Tribunal de Cuentas que mande a las Cortes los informes de Fiscalía y Abogacía sobre sus fiscalizaciones

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defenderá el próximo martes en el Congreso una proposición no de ley con la que insta al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, a remitir a las Cortes Generales los preceptivos que informes que sobre sus fiscalizaciones elaboran tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado.

La iniciativa, cuyo autor es el socialista cordobés Antonio Hurtado, se debatirá el martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, tras escuchar la comparecencia de su presidente para dar cuenta de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2015.

Hurtado constata que en la actualidad los informes de fiscalización que llegan a la citada comisión parlamentaria incluyen tanto el documento realizado por el Tribunal de Cuentas como las recomendaciones que las correspondientes administraciones públicas y los órganos de gestión realizan para que puedan ser tenidas en cuenta por las Cortes Generales.

POR SI HUBIERA INDICIOS DE RESPONSABILIDADES CONTABLES

Sin embargo, echa en falta que en dichos expedientes no se incluyan los informes elaborados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado cuando éstos, a juicio de los socialistas, aportan una información "útil, interesante y necesaria" para el trabajo parlamentario y para dar "máxima transparencia" a la labor de fiscalización que realiza el Tribunal.

Y es que, según destaca el PSOE en su propuesta, en algunos de esos informes se han llegado a apreciar "indicios de responsabilidades contables" que no aparecen recogidos en los expedientes que el Tribunal de Cuentas aporta a la citada comisión parlamentaria.

Por todo ello, los socialistas instan al presidente del Tribunal de Cuentas y a la Comisión de Gobierno del organismo a anexar a los expedientes que se eleven a las Cortes Generales tanto el informe emitido por el Ministerio Fiscal como el informe emitido por la Abogacía del Estado con el fin de tener una información "más completa" del contenido de los documentos a tratar.