PSOE y Podemos mezclan el fin de la sedición con trasposiciones europeas y la pena por ocultación de cadáver

La proposición de ley incluye la adaptación a la normativa de lucha contra el fraude, criptomonedas y abuso de mercado

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Unidas Podemos han decidido incluir la sustitución del delito de sedición por uno de "desórdenes públicos agravados" en una proposición de ley que también es un conglomerado de trasposiciones de normas europeas que van desde la lucha contra el fraude hasta asuntos relacionados con la competencia y que incluye, asimismo, una nueva pena por la ocultación del cadáver, que podrá oscilar ente los seis meses y los dos años de cárcel.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, en la rueda de prensa que ha ofrecido antes del registro de la iniciativa que han impulsado las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición.

Según ha detallado el dirigente socialista, además de lo que él llama "europeización" del delito de sedición, la proposición de ley incluye la trasposición de directivas europeas en materia de lucha contra el fraude, falsificación de medios de pago, blanqueo de ganancias obtenidas con acciones delictivas y abuso de mercado, en la medida que otorga medios a las autoridades de la competencia para aplicar más eficazmente sus facultades.

SUFRIMIENTO AL ENTORNO DE LA VÍCTIMA

La iniciativa, que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso, también recoge modificaciones en el Código Penal en lo referente a los delitos contra la integridad moral y recoge una "modalidad específica" que hace referencia a la ocultación del cadáver, así como otras relacionadas con el contrabando de material de defensa y de tecnologías de doble uso.

En concreto, se plantea una nueva redacción del artículo 173 del Código Penal para imponer una pena de entre seis meses y dos años a quienes, "teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a familiares o allegados de la misma".

El objetivo es que, con independencia de la pena que corresponda por el delito previo que haya causado la muerte, se castigue penalmente la ocultación del cuerpo de la víctima, por el sufrimiento que esta conducta acarrea para su entorno.

URGENCIA EN LA TRASPOSICIÓN

Asimismo, la proposición de ley servirá para trasponer al ordenamiento nacional varias directivas europeas, algo "urgente", según los firmantes del texto.

Así, se adaptará la legislación española a la norma comunitaria de lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distinto al efectivo, incluidas las monedas virtuales y otros criptoactivos que se usen como modo de pago, así como los monederos electrónicos.

Además, con esta iniciativa se busca perfeccionar las sanciones penales aplicables al abuso de mercado y todas a las autoridades de la competencia de medios para "aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior".

CONTRABANDO DE MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO

Otro de los puntos incluidos en la proposición de ley hace referencia a la regulación de la infracción de contrabando de material de defensa y de productos de tecnología y doble uso.

El Código Penal ya tipifica la fabricación, comercialización o tenencia de las armas de guerra, armas de fuego, o armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o
municiones en racimo pero, en relación con productos y tecnología de doble uso solo están tipificadas las acciones previas al comercio exterior de productos y tecnologías que vayan a ser destinadas a
programas de proliferación, con la posible comisión del delito de contrabando en grado de tentativa.

Ahora PSOE y Unidas Podemos consideran necesario tipificar también las conductas de conspiración y proposición de operaciones de comercio exterior sobre productos y tecnologías de doble uso y, para ello plantean modificar la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, y atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de causas por este tipo de acciones delictivas para lo que retocan la Ley Orgánica del Poder Judicial.