Proponen sólo tres meses de trabajos, aunque prorrogables
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y Unidas Podemos han optado por no solicitar aún comparecencias para la comisión del Congreso que va a investigar la operación 'Kitchen' dado que prefieren que los trabajos arranquen con la petición de documentación sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.
Así consta en el somero plan de trabajo que han registrado en el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se someterá a votación este viernes en la que será la primera reunión de la comisión de investigación.
A diferencia de otros grupos, que sí incluyen ya una primera lista de comparecientes, los dos que apoyan al Gobierno y que promovieron esta investigación parlamentaria el pasado mes de octubre son partidarios de esperar un poco más para que en una primera fase la comisión se centre en la petición de documentos.
Así, plantean que sea la Mesa de la comisión, donde PSOE y UP tienen mayoría, la que acuerde la solicitud de "documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto" de la investigación.
COMPARECENCIAS A ACORDAR POR LA COMISIÓN
Y, según este plan de trabajo, será ya en una segunda fase cuando se celebren las comparecencias que acuerde en este caso la comisión en pleno. No obstante, las solicitudes de comparecencia se podrán ir ampliando en función del desarrollo de los trabajos, como sucede habitualmente en este tipo de investigaciones parlamentarias.
Los representantes de Unidas Podemos en la comisión de investigación, el vicepresidente primero de la misma, Enrique Santiago y Sofía Fernández Castañón, que ejercerá de portavoz, han defendido este plan de trabajo en una rueda de prensa en el Congreso.
El también portavoz de IU en la Cámara ha subrayado la oportunidad de empezar solicitando los documentos a cualquier entidad o persona pública o privada que sirvan para "aclarar cómo se articuló el plan criminal" que, ha dicho, presuntamente se urdió desde el Ministerio del Interior.
Tras admitir que Unidas Podemos aún no ha pactado con el PSOE la lista de comparenientes, Santiago ha señalado que su intención en la reunión de la comisión del viernes es que se apruebe "el mejor plan de trabajo" y que para ello están dispuestos a escuchar las propuestas del resto de grupos.
LA MAYORÍA YA PIDE COMPARECENCIAS
La mayoría de formaciones, salvo PSOE, Unidas Podemos y el PP, ya ha consignado una relación de primeras comparecencias, pero Santiago ha dejado claro que los socios de Gobierno quieren que primero se aprueben las que serán las "reglas de juego" de la comisión.
En este sentido, ha destacado que ellos no quieren poner tope a las peticiones de comparecencia y que cada grupo podrá solicitar todas las que estime oportunas, otra cosa será las que salgan adelante.
También ha explicado que ellos apuestan por trabajar con "rapidez". En este punto, ha defendido el plazo de tres meses que fijan en su plan de trabajo para la conclusión de su tarea, si bien dejan abierta la puerta a que este plazo se pueda prorrogar por acuerdo del Pleno.
Así, lo que intentarán PSOE y Unidas Podemos es que el viernes se apruebe su programa y que el siguiente paso de la comisión sea la apertura de un plazo para solicitar documentación y después otro para reclamar comparecencias.
TRASLADO A FISCALÍA SI ES MENESTER
En el documento que han registrado, los dos grupos puntualizan que cuando la Cámara se dirija a las personas que cite a comparecer tendrá que concretar el tema sobre el que debe versar su testimonio y podrá detallar los aspectos concretos que, a priori puedan resultar más interesantes a los comisionados.
Una vez finalicen las comparecencias, plantean abrir una tercera fase en los trabajos para la redacción de las conclusiones, pudiendo registrarse votos particulares por parte de los grupos, que también se someterán a votación en el hemiciclo.
Por último, puntualizan, como se hace tradicionalmente en todas las comisiones de investigación, que el Pleno podrá acordar, en su caso, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.