MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones populares que ejercen tanto el PSOE como Podemos en el caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional han recurrido la decisión del instructor instada por la Fiscalía Anticorrupción que ordena el archivo de actuaciones contra el ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, quien ha sido exculpado en el negocio del Canal de Isabel II con la colombiana Inassa.
En el caso del PSOE, el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se basa en que esta acusación no ha tenido acceso a la prueba practicada antes de que se tomase una decisión "de gran calado" como sacar a Gallardón del auto de transformación en procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento-- que enfila esta pieza de la macro causa hacia el enjuiciamiento.
"El proceso de expurgo todavía en marcha no ha permitido el acceso ni a las conversaciones ni a las comunicaciones intervenidas ya fueran estas telefónicas o vía correo electrónico o mensajería", expone el recurso del PSOE, en relación a la fase en que en aras del derecho a la intimidad, se 'limpia' el sumario de contenidos que pudieran afectar a personas no implicadas antes de ponerlo a disposición de las partes.
Refieren en particular un informe de la Agencia Tributaria de fecha 14 de mayo de 2019, que "por exceso de cabida, no se notificó correctamente" a las partes, pero también al resultado de las comisiones rogatorias remitidas desde Colombia y "paraísos fiscales" que se debían haber incorporado paulatinamente a la causa pero se añadieron de forma "masiva" y "prácticamente al mismo tiempo que se emitía el auto" de procedimiento abreviado, "lo que impide su análisis" para recurrir esa decisión.
"Salvo que el traslado del resto de la prueba nos saque de nuestro error, discrepamos en principio de los sobreseimientos acordados en el Auto recurrido, por las razones que expondremos una vez dispongamos de acceso a toda la prueba realizada, pues siendo absolutamente respetuosos con la presunción de inocencia y conociendo el daño que acusaciones aventuradas pueden producir en la reputación de las personas, resulta absolutamente necesario en algunos casos tener acceso directo a las conversaciones mantenidas y no podemos conformarnos con los extractos transcritos por los funcionarios de la Guardia Civil pues carecen de contexto", señalan en el recurso.
Piden por ello al juzgado que acuerde suspender todos los plazos "hasta que con pleno respeto del principio de igualdad de armas" se les de traslado "de todo lo instruido una vez finalizado el expurgo" y se les conceda "plazo prudencial para su estudio", pues entienden que "no cabe Auto de Transformación cuando la mitad de la causa continúa de hecho bajo secreto dado que no se le ha facilitado a la acusación popular".