Desde el Congreso, los 'morados' confían en coincidir en un futuro con los socialistas en el "horizonte republicano"
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han expresado este martes su rechazo a la proposición de ley presentada por ERC para despenalizar las injurias al Rey y los ultrajes a España, entre ellos el PSOE, que ha esgrimido que no es el momento oportuno para abrir este debate, mientras que Unidas Podemos ha lamentado que no vaya a prosperar y se ha preguntado "hasta cuándo".
El Grupo Parlamentario Republicano ha propuesto suprimir del Código Penal los artículos 490.3 y 491, que recogen los delitos de calumnias e injurias contra el rey, su consorte y sus descendientes y usar la imagen de dichas personas para dañar el prestigio de la Corona, y el 543 sobre "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas".
La diputada de ERC Carolina Telechea i Lozano ha enmarcado los actos criminalizados en el derecho a la libertad de expresión, "uno de los pilares básicos de la democracia", planteando así el debate no como uno entre monárquicos y republicanos, sino sobre democracia. "Los monárquicos deberían demostrar que antes que monárquicos son demócratas", ha espetado, añadiendo a renglón seguido que "si el Rey fuera demócrata sería el primero en plantear que se suprimieran" tales delitos.
Telecha i Lozano ha sostenido que si estos tipos penales se mantienen es por "la sacralización de la Corona", que ha tildado de "medieval", y por los "fanáticos monárquicos", a los que ha acusado de intentar silenciar cualquier oposición. Así, ha denunciado que estos delitos forman parte de "la represión el Estado español contra el republicanismo en general y contra el republicanismo catalán en particular".
La diputada catalana ha obtenido la réplica de boca del diputado del PP Eloy Suárez Lamata. "De democracia no vamos a aceptar ninguna lección y menos de ustedes", ha contestado. Además, ha acusado a ERC de dirigirse contra el Rey como símbolo de la unidad de España: "Ustedes no son antimonárquicos, ustedes son antiespañoles".
Suárez Lamata ha advertido de que, por un lado, ERC pretende que "le salga gratis" incurrir en tales delitos porque "viven de montar numeritos quemando banderas y fotografías del Rey" y, por otro, ha atribuido la proposición de ley a una distracción porque "al final el escudo social ha resultado tener un agujero por el que se cuela todo". A este respecto, ha considerado "insultante" para los españoles que el Congreso se ocupe de este tema "con la que está cayendo" por la pandemia de coronavirus.
En la misma línea se ha expresado el representante de Vox José María Sánchez García, que se ha mostrado en contra de permitir "que sea impune injuriar al jefe de Estado y ultrajar a España", subrayando que "esto es inaceptable" en todo el mundo. "No hay nación que lo permita", ha remachado.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz Gómez, ha acusado a ERC de querer "legitimar una forma de violencia", si bien ha apostillado que no le sorprende porque "el nacionalismo siempre desemboca en violencia, sin ella no es nada".
DIFERENTES POSTURAS DE LOS SOCIOS DE GOBIERNO
Isaura Leal Fernández ha avanzado que el grupo socialista votará que no pero en su caso ha esgrimido que "no es el momento de abrir este debate" porque caería "en el ámbito de la demagogia, de las interpretaciones interesadas de los malintencionados, nada deseable en tiempos en los que es necesario priorizar nuestras actuaciones para afrontar la pandemia".
En todo caso, ha reivindicado el "compromiso" de los socialistas con la defensa de la libertad de expresión "pero dentro de un límite" que ha fijado en que las palabras inciten al uso de la violencia. En concreto, ha indicado que las que tienen por objetivo "denigrar" a las instituciones del Estado "no son nada buenas".
Leal Fernández se ha mostrado abierta a "alcanzar grandes acuerdos y consensos para abordar las futuras reformas" para "mejorar lo que tenemos", si bien ha insistido en que "es necesario tener en cuenta el criterio de oportunidad".
En cambio, el diputado Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha defendido que "ninguna institución se puede sustraer a la crítica política", argumentando que "la democracia no se manifiesta en una bandera, sino en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales", que ha señalado como "la única institución que debe ser sobreprotegida".
Asens ha estimado que "la mayor ofensa a España es que la justicia no es igual para todo el mundo" y en este sentido ha apuntado a "los miles de republicanos que siguen en las cunetas" mientras la Fundación Francisco Franco sigue siendo legal, a la "fuga" de Juan Carlos I y a "la falta de control del gasto de la familia real cuando faltan camas en los hospitales".
En consecuencia, el diputado 'morado' ha lamentado que esta proposición de ley no vaya a salir adelante, preguntándose "hasta cuándo", y ha lamentado igualmente que sea la segunda vez que Unidas Podemos discrepa con el PSOE en temas relativos a la monarquía. "Esperamos que la tercera se la vencida", ha dicho, confiando en que ambos partidos puedan coincidir en un futuro en el "horizonte republicano".
JUNTS PIDE A ERC QUE PRESIONE AL GOBIERNO
Por otro lado, desde Bildu, la CUP, Junts y BNG han recordado los "bofetones" que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio a España por sus sentencias en los casos de Arnaldo Otegi y los jóvenes catalanes Jaume Roura y Enric Stern por estos delitos y han instado al resto del hemiciclo a abandonar el "borbonismo militante".
En particular, el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas ha animado a ERC a aprovechar sus trece escaños para presionar al Gobierno en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y conseguir a cambio de su apoyo a las cuentas públicas un "programa de reformas que incluya todo esto", de forma que "nunca más un disidente pueda ser condenado en España por el ejercicio de los derechos fundamentales".
Desde el Grupo Parlamentario Vasco, Mikel Legarda Uriarte se ha posicionado a favor de la toma en consideración de la propuesta de ERC, si bien ha reclamado un debate más profundo y sosegado de la misma, poniendo encima de la mesa que "no existe ningún derecho ilimitado" pero que hay que tener en cuenta el "contexto político".