El PSOE quiere excluir a sindicatos y patronales del registro de 'lobbies' del Congreso y choca con Podemos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reforma del Reglamento del Congreso para la creación de un registro de grupos de interés o 'lobbies' ha enfrentado al PSOE y a Unidos Podemos, ya que los primeros quieren salvar a las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales de tener que inscribirse en ese listado de entidades bajo control, mientras que los 'morados' las ha incluido entre las de obligada inscripción.

La reforma reglamentaria tiene su origen en una iniciativa del PP que fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara en marzo de 2017 y a la que ahora, tras uno año y ocho meses de letargo, los grupos han presentado sus enmiendas.

El texto del PP define como grupos de interés a las personas "físicas o jurídicas que llevan a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros" y obliga a registrarse a los representantes de los mismos que quieran mantener encuentros con diputados o asesores parlamentarios.

Unidos Podemos ha aprovechado sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, para precisar la definición de grupo de interés y especificar que se deben considerar 'lobbistas' y, por tanto, registrarse como tales en el Congreso una serie de colectivos.

TAMBIÉN CIUDADANOS QUIEREN QUE COMPUTEN COMO LOBBY

Así, cita expresamente a los "consultores de relaciones públicas o corporativas, ong, empresas, asociaciones industriales, comerciales o de profesionales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, así como talleres, grupos, fundaciones, 'think tanks' o laboratorios de ideas no vinculados a partidos, despachos de juristas, organizaciones religiosas o académicas".

Ciudadanos recoge exactamente la misma definición en sus enmiendas, pero el PSOE opta por otra y, además, plantea una concreta para dejar claro que "no será exigible la inscripción en el registro a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las asociaciones empresariales, las asociaciones de consumidores y usuarios, ni el resto de organizaciones o entidades que tengan reconocida su capacidad de participación institucional en la Constitución o las leyes".

Según el PSOE, debe considerarse grupo de interés a quienes "de manera habitual u ocasionalmente", por ellos mismos o en nombre de otros, y con o sin obtener contraprestación, se dediquen a comunicarse con cargos o empleados públicos con la finalidad de influir o trasladar sus intereses en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos legislativos o de otras iniciativas parlamentarias.