EL PSOE reafirma su compromiso en la defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francesc Antich, responsable del área de Justicia y Libertades Públicas de la Comisión Gestora, ha presidido este miércoles una reunión de trabajo con los portavoces de estas áreas en el Congreso y el Senado en la que se ha reafirmado "el compromiso de los socialistas con la defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales".

El encuentro ha tenido lugar en la sede socialista de la calle Ferraz y ha contado con la presencia de los portavoces socialistas en las comisiones de Justicia, Interior, Constitucional y Auditoría de Calidad Democrática y Lucha contra la Corrupción.

El objetivo del encuentro ha sido el de abordar las líneas generales de trabajo y los objetivos del PSOE en estas materias para el futuro inmediato, así como la coordinación que al respecto debe establecerse entre las federaciones socialistas y el Grupo Parlamentario.

Entre las medidas acordadas, el PSOE trabajará sobre cuestiones como la regulación y la mejora de los procedimientos de contratación pública para combatir la corrupción y la creación de un organismo que coordine la lucha contra la corrupción en la Administración pública.

También en materia de calidad democrática, los socialistas abordarán iniciativas para reforzar la independencia de los órganos constitucionales y de los organismos reguladores e impulsarán la regulación de la figura del denunciante.

Igualmente, se ha acordado una defensa de la Justicia como un servicio público de calidad y plantear medidas concretas para mejorarla. Entre ellas, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir el plazo que limita la instrucción, la revisión de la prisión permanente revisable y la supresión de las tasas judiciales.

El encuentro también ha servicio para poner de manifiesto el recorte de libertades ciudadanas registrado en la anterior legislatura y, en este sentido, los dirigentes han mostrado su preocupación ante lo que puede ocurrir en esta legislatura, en la que denuncian que puede verse mermada la seguridad ciudadana.

Sobre esta última cuestión, se ha recordado que, en comparación con el año 2011, en la actualidad hay 20.000 policías y guardias civiles menos, así como un recorte de 1000 millones en el presupuesto dedicado a seguridad pública, con el consiguiente impacto en la persecución de delitos.

Por otra parte, se ha acordado seguir desarrollando los trabajos relacionados con la memoria histórica.