El PSOE y sus socios aceptan tramitar en el Congreso una ley para que el CNI dependa de Presidencia del Gobierno

PP y Vox se oponen a una modificación que también pretende endurecer el control judicial de las actividades de los espías

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus aliados parlamentarios han expresado este martes su apoyo a que el Congreso tramite la reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) auspiciada por el PNV para reforzar el control judicial de las actividades del servicio secreto y para que su dirección dependa orgánicamente del presidente del Gobierno y no de un ministro, como ahora ocurre con Defensa.

No es la primera vez que los de Aitor Esteban traen esta propuesta a la Cámara Baja, que ya fue rechazada la pasada legislatura con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE tampoco la apoyó reivindicando que lo deseable sería que este tipo de reformas se impulsen desde el Gobierno, con sus correspondientes informes jurídicos.

En aquel momento, acababa de salir a la luz la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa 'Pegasus', un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa. Ambas eran personas de confianza de la ministra Margarita Robles.

Entonces el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a reformar la ley del CNI, incidiendo en que se trata de un asunto consustancial a la regeneración democrática y la transparencia. Sin embargo, como ha recordado desde la tribuna de oradores el diputado del PNV Mikel Legarda el Ejecutivo, no presentó propuesta alguna ni tampoco ha incluido este asunto en su 'Plan de Acción por la Democracia' aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.

ACTUALIZAR UNA NORMA DE YA TIENE 20 AÑOS

Por eso los de Aitor Esteban han vuelto a defender su reforma en el Pleno del Congreso y en esta ocasión el PSOE sí ha respaldado su tramitación para actualizar la ley al "entorno geoestratégico y tecnológico", según ha explicado su diputada Isaura Leal, recordando que la normativa vigente tiene ya 20 años.

También Junts, por boca de Josep Pagès, ha dado su apoyo y ha aprovechado para denunciar, en concreto, la actuación de Pablo Lucas, juez del Supremo y ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de autorizar las actividades del CNI, entre otras, las escuchas a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Le espiaron para descubrir las estrategia de defensa de Puigdemont, le espiaron por motivos políticos. Lucas por la mañana espiaba y por la tarde firmaba sentencias", ha aseverado Pagès.

De su lado, Francesc-Marc Álvaro, de ERC, ha recordado que el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès fue espiado mientras "negociaba" con el Gobierno y ha avisado a Sánchez de que no puede seguir "atrapado en su tacticismo" porque "crea desconfianza". "A todos se nos puede agotar la paciencia con sus incumplimientos", ha deslizado.

Agustín Santos, diputado de Sumar, se ha mostrado a favor de acometer los cambios propuestos por el PNV para "reforzar la democracia", mientras que desde Bildu, Jon Iñarritu, ha recalcado la necesidad de actualizar la legislación vigente para contemplar los avances tecnológicos de los últimos años y ha pedido regular también la actuación del CNI. También el BNG ha saludado en líneas generales el texto de los nacionalistas vascos.

En contra se ha situado el PP, cuyo diputado Rafael Hernando ha acusado al PNV de llevar "seis años blanqueando" al PSOE al que auparon al poder mediante una moción de censura basada en una "sentencia falsa". A ERC le ha replicado que Sánchez alentó el espionaje a Aragonès "para saber en qué estado estaba su investidura" de 2019.

EL PROBLEMA ES SÁNCHEZ, NO EL CNI

"El problema no es el CNI, sino Sánchez y el uso espurio que hace del CNI", ha sentenciado el dirigente del Grupo Popular quien, en cualquier caso, ha dado por hecho que la iniciativa del PNV se quedará en un cajón y no llegará a completar su tramitación.

Para Vox, en palabras de su diputado Ignacio Gil Lázaro, la reforma es un "monumental despropósito" que busca "debilitar al Estado" y convertir a la dirección del CNI en "lacayo de los intereses políticos y sectarios del Gobierno". También ha descalificado la idea de reforzar el control judicial de sus actuaciones porque eso, a su juicio, les restaría la agilidad que requieren para ser eficaces.

En concreto, lo que busca el PNV es establecer que la propuesta del nombramiento del director del CNI no salga de un ministro, sino del jefe del Ejecutivo, lo que conllevaría elevar la responsabilidad "política y directa" de los servicios de Inteligencia al centro mismo de la Moncloa por lo que pudiera ocurrir en un futuro.

En cuanto al control parlamentario del CNI, que actualmente recae sobre la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, el PNV propone que los diputados puedan ser informados de los medios utilizados por los servicios de espionaje, ya que hasta ahora, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar que el CNI disponga de 'Pegasus'.

TRES MAGISTRADOS DEL SUPREMO

En la reforma, recogida por Europa Press, el PNV propone además que el control judicial de las actividades del CNI, que desde los escándalos de los años noventa se encargó a un juez del Supremo --encargado de dar autorización previa por un tiempo máximo de tres meses, prorrogables--, se lleve a cabo por tres magistrados del Alto Tribunal y que sus decisiones se adopten por unanimidad, habida cuenta de que no hay una segunda instancia.

También quiere que los jueces sean informados de los medios que va a utilizar el CNI para esas actividades, pues considera que deben valorar el nivel de intromisión y la afectación a derechos fundamentales en aras de aplicar el principio de proporcionalidad.

Por último, el PNV propone obligar al CNI a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas, un control que permitiría saber si se ha ajustado a la autorización previa y que sería de mucha utilidad a la hora de decidir sobre posibles prórrogas.