PSOE y socios blindan a Tsunami y CDR en la amnistía al excluir el terrorismo solo para "violaciones graves" de DDHH

Perdona los delitos de terrorismo a los que actuaran sin intención de matar o torturar

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos han acordado este martes excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos" como matar o torturar, lo que permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

Así lo han pactado en el marco de la Comisión de Justicia del Congreso en la que han pactado diversas enmiendas técnicas a la proposición de la ley que presentó el PSOE el pasado noviembre para amnistiar una década del 'procés' independentista catalán, incluidos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.

En concreto, han acordado modificar el artículo 2, en su apartado d), para precisar que quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando" la intención de los acusados fuese generar "violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario"; es decir, "siempre y cuando" hubiese una clara intención de matar o torturar.

Los dos artículos del Convenio Europeo al que hace referencia dicha enmienda contemplan el derecho a la vida y la prohibición de la tortura o tratos inhumanos o degradantes.

Con esta enmienda, quedarían amnistiadas las personas señaladas en los procedimientos judiciales relativos a los CDR y a 'Tsunami Democràtic'. En esta última causa, se señalaba --entre otros-- al expresidente catalán huido y líder de Junts, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En dicha investigación, que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los disturbios supuestamente orquestados por 'Tsunami Democrátic' en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés', el juez considera que debe determinarse si el fallecimiento de un ciudadano francés en el marco de la ocupación de El Prat sería imputable a los responsables de dicha plataforma independentista.

La enmienda aprobada este martes prevé la amnistía incluso en caso de fallecidos, ello porque contempla el perdón para aquellos que no tuvieran intención de matar o torturar. El pasajero francés de 65 años murió en el Hospital de Bellvitge tras sufrir un infarto en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, después de caminar cuatro kilómetros para alcanzar la infraestructura aeroportuaria, que se encontraba bloqueada por concentraciones de 'Tsunami Democràtic'.

La proposición de ley que ahora se enmienda proponía que quedasen fuera de la amnistía "los actos dolosos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte".

QUIÉN Y CÓMO APLICARÁ LA LEY

Este martes, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos han pactado también una enmienda al artículo 4, relativo a los efectos sobre la responsabilidad penal.

En dicha modificación proponen que sea el órgano judicial que tenga conocimiento de la causa y no el órgano competente --como fijaba el proyecto de ley-- el que se encargue de ordenar la "inmediata puesta en libertad" de las personas beneficiarias de la amnistía que se hallaran en prisión, ya sea por haberse decretado su prisión provisional o en cumplimiento de condena.

En el marco de esta enmienda, se plantea además que dicho órgano deberá acordar "el inmediato alzamiento de cualquiera medidas cautelares" que se hubiesen adoptado por "acciones u omisiones comprendidas en el ámbito objetivo de la presente ley, con la única salvedad de las medidas de carácter civil", así como el alzamiento de cualquier medida que implicase "la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas".

Asimismo, se propone que "el órgano judicial que esté conociendo de la causa" deje sin efecto las órdenes de busca y captura", tanto las nacionales como las europeas e internacionales.

CONSULTAS AL TC Y EL TJUE NO PARALIZAN

A su vez, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts per Catalunya y Podemos han acordado en dicha enmienda que "la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa" no impida el alzamiento de las medidas cautelares acordadas. Y se propone que el órgano judicial que esté conociendo de la causa de por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad y multas una vez la ley entre en vigor.

Este apartado tiene especial relevancia toda vez que fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han incidido en que las eventuales cuestiones de inconstitucionalidad que podrían presentar los jueces al Tribunal Constitucional, así como las cuestiones prejudiciales al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para consultar sobre la ley de amnistía paralizarían la aplicación de la amnistía al caso concreto.

Con todo, el PSOE y sus socios han querido dejar por escrito que dichas consultas y su eventual efecto suspensivo en el procedimiento no impedirían que se alcen las medidas cautelares y la aplicación general de la ley. Sobre esto último, sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas subrayan que dichas consultas al TC y al TJUE no suspenderían la ley en su totalidad.

Al margen, además de incluir modificaciones para garantizar el levantamiento de medidas cautelares aún cuando se planteen preguntas al Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE, han incluido una salvaguarda para que se levanten las medidas restrictivas de derechos y libertades, lo que supondría aumentar la cobertura legal de la amnistía.

Según las fuentes parlamentarias consultadas, las enmiendas pactadas este martes otorgan "mayor claridad y exhaustividad" al artículo sobre los efectos de la amnistía en el ámbito penal, con el fin de dotar a este apartado de "mayor seguridad jurídica" y reforzar la función jurisdiccional de jueces y magistrados a la hora de aplicar esos efectos, especialmente en lo referente al levantamiento de medidas cautelares ante una eventual suspensión del proceso judicial por cualquier causa.