El PSOE y sus socios sacan adelante la ley de eficiencia de justicia con el voto en contra de PP y VOX

Los 'populares' hablan de "ley ómnibus" por los asuntos ajenos que han "contaminado" la norma y pedirá que se devuelva a la comisión

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios han sacado adelante en el Pleno del Congreso el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con el voto en contra de Vox y PP. El texto se enviará ahora al Senado para completar su tramitación, pero en la Cámara Alta los 'populares' tienen mayoría absoluta.

Con mayoría absoluta (179 votos a favor), el Pleno ha avalado el proyecto de ley que reforma la planta judicial, mantiene los juzgados de paz, desarrolla aspectos de la 'ley del solo sí es sí', da 9 meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, elimina las 'golden visa', corrige un error en la ley de paridad que desprotegía a los trabajadores que se acogían a permisos para cuidados, y una reforma sobre la ejecución de euroórdenes.

Eso sí, en el trámite parlamentario la ley del Gobierno ha perdido todo lo relativo a las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, por falta de apoyo entre los socios. Y tampoco ha sido posible encontrar una solución al contencioso de la mutualidad de los abogados.

BOLAÑOS: UN PASO DECISIVO

Tras el debate, ha tomado la palabra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha reprochado al PP que no se haya sumado al camino de "la mayor transformación de la justicia en décadas". "Vamos a dar un paso decisivo en la transformación y en la reforma de la Administración de Justicia", ha dicho, para luego agradecer a los últimos siete ministros de Justicia que, según ha dicho, han "soñado" con una ley como esta.

En este sentido, Bolaños ha incidido en que "no tener en vigor esta ley el 1 de enero de 2025 habría costado a las arcas públicas 2.400 millones de euros de fondos europeos".

En este línea, el diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón ha tachado de "histórica" la ley. "Hoy defiendo con convicción este proyecto de ley, que apuesta por un modelo de justicia del siglo XXI, una justicia ágil, accesible y verdaderamente al servicio de las personas", ha señalado.

Martínez Salmerón admite que aún "quedan cuestiones por conseguir" y ha criticiado al PP y Vox por apostar por el "bloqueo sistemático". A los de Santiago Abascal les ha afeado que la mitad de sus enmiendas fueran para "cambiar el idioma de género"; a los de Alberto Núñez Feijóo les ha reprochado que hayan "optado por un no sistemático".

SUMAR CRITICA AL CGPJ

El texto ha contado con el apoyo de Sumar, cuyo portavoz de Justicia, Enrique Santiago, considera que la ley "acerca el servicio público de justicia a sus usuarios y combate el desplazamiento".

También ha acusado a Vox y PP de bloquear el sistema de organización de la justicia. "Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad, no suya, que es un servicio público fundamental, que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad", ha dicho.

A su vez, ha criticado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por haber "desatendido" la condiciones de precariedad de los jueces, "negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas".

Por Podemos, Martina Velarde ha reconocido que la ley incluye "algunos avances" pero echa en falta "una pata muy importante", en referencia a las acciones colectivas para la protección de derechos de los trabajadores. No obstante, ha celebrado el paso dado para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencias sexuales.

El PNV, por boca de Mikel Legarda, también ha mostrado su "opinión favorable" sobre el texto, al igul que Bildu, que en todo caso admite que le hubiese gustado tener más tiempo para tratar una ley tan "compleja". "Es cierto que nos hemos dejado pelos en la gatera, es una obviedad", ha dicho Jon Iñarritu, pero ha insistido en que "se han conseguido avances".

Por su parte, el diputado del BNG, Nestor Rego, que este miércoles cerró un acuerdo con el Gobierno para apoyar la ley, ha mantenido sus criticas porque "consolida" una reforma ya iniciada en los juzgados de paz "que no demostró ser útil para agilizar los procesos"; también ha afeado que no se haya utilizado el texto para "avanzar más en la normalización de las lenguas en el ámbito de la justicia". "Esta ley no nos satisface enteramente y sigue preocupándonos que pueda servir de excusa para eliminar servicios en los partidos judiciales más pequeños", ha apuntado.

UNA LEY QUE MODIFICA OTRAS 36

Frete a ellos, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro Almaraz, ha denunciado que esta ley es "nueva modalidad de un decreto-ley ómnibus para leyes orgánicas", por las medidas que incluye ajenas al objeto de la reforma. Según ha dicho, se trata de una propuesta 'fake' que no servirá para "modernizar, agilizar y mejorar la justicia" con el acuerdo del resto de grupos parlamentarios.

"Esto no es un hito, porque si lo fuera no habría contaminado con tantas cosas esta ley que nada tienen que ver con la justicia ni con la eficiencia. 340 folios de dictamen dan para mucho, 36 leyes modificadas dan para mucho, 19 modificadas en la última semana", ha apuntado, al tiempo que ha defendido que se trata de "un contenedor de intereses particulares".

Es más, tras tanto cambio que ha experimentado el proyecto, ha pedido devolver el texto a la Comisión de Justicia porque cree que se vale de "trampas" para hacer "correcciones" que nada tienen que ver con el espíritu de la norma. "Les anuncio que el Grupo Popular va a apelar al artículo 119 del Reglamento porque este texto tiene tales erratas que han tratado una vez más con trampa de hacer correcciones no técnicas que creo que debe volver a la Comisión de Justicia", ha señalado.

El diputado de Vox Juan José Aizborbe también se ha mostrado en contra del texto y ha reprochado al Gobierno que despache este "importante proyecto de ley" con una "rapidez inusitada en su fase final".

Ha asegurado que se trata de una "norma repleta de consignas ideológicas" y con "un lenguaje inclusivo que pervierte y entorpece su significado", que "carece de un eficaz y eficiente desarrollo de la carrera del personal de justicia o que pierde la oportunidad de que se constituyan verdaderos juzgados de familia, infancia y capacidad con carácter general y juez especializado".

A su juicio, además, es una ley "en pago a los favores del separatismo vasco", que da más competencias a dicho Gobierno autonómico, por lo que ha avisado de que votaría en contra.

RIFIRRAFE ENTRE ERC Y JUNTS POR LOS JUZGADOS DE PAZ

Por Junts, el diputado Josep Pagès ha aprovechado su intervención para abogar por la eliminación de la Audiencia Nacional y por la creación de un "sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces".

Con todo, ha defendido que el "modelo de justicia española" que recoge la ley no es el que quieren en Cataluña, porque entiende que, aunque la ley pretende mejorar la justicia desde el punto de vista organización, "sobra Administración y falta justicia".

"Creemos que puede llevar a una indeseable administrativización de la justicia, es decir, a una justicia formalista que alejada de los ciudadanos y de sus necesidades", ha apuntado, aunque ha celebrado que se mantengan los juzgados de paz.

Al hilo, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, que ha anunciado su apoyo a la ley y la retirada de sus enmiendas, ha hecho un repaso de las líneas rojas que planteó en la tramitación del texto, entre ellas, la de los jueces de paz. "Permítame que no deje pasar que ERC fue el único que defendió los juzgados de paz", ha subrayado, para luego acusar a Junts de mentir en su intervención. Pagès le ha respondido con señas de desaprobación desde su escaño.