MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado que la detención de 12 altos cargos del Govern catalán en un operativo para recopilar pruebas sobre el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional se produce "por decisión judicial", por lo que no ha querido entrar a hacer ninguna valoración.
En España, como en cualquier otro "Estado democrático de Derecho" los registros se efectúan "por decisión judicial", ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.
Ábalos no ha querido entrar a valorar la medida, dado que no es una decisión del Gobierno, sino de la justicia. Sí ha manifestado en cambio que al PSOE le preocupa "el deterioro de la convivencia, de la legalidad y del sentido de la democracia en Cataluña".
Por esa razón, los representantes políticos deberían estar "apoyando la ley porque es el marco que regula la convivencia" en democracia. Ahora bien, ha advertido, la defensa de la ley no debe suponer "olvidarse de la convivencia", que precisamente está sufriendo un "grave deterioro" en Cataluña.
CRÍTICAS A CIUDADANOS
En ese sentido, ha criticado a Ciudadanos por llevar este martes al Congreso una iniciativa que, bajo su punto de vista, perseguía "intentar poner en evidencia" al PSOE, que "está haciendo frente al secesionismo".
Tras señalar que al PSOE no le importan los "titulares de un día" --el voto en contra de los socialistas tumbó la iniciativa de Ciudadanos, que aspiraba a manifestar el apoyo de la Cámara al Gobierno de Rajoy frente al órdago independentista-- Ábalos ha calificado la proposición no de ley de Ciudadanos de "muy oportunista, desleal y poco constructiva".
Más allá del enfrentamiento con Ciudadanos, Ábalos ha advertido de que después del 1 de octubre "hará falta insistir en el diálogo y la convivencia". "Y ahí vamos a estar", ha asegurado.
En unas declaraciones anteriores, también la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha querido dejar claro el apoyo "absoluto y total" al Gobierno en la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho por encima de propuestas "oportunistas" como la planteada por Ciudadanos que, a su juicio, sólo buscaba "dividir".