PSOE y Unidos Podemos apoyan tramitar un cambio en la Ley de Memoria para anular los juicios políticos del franquismo

El PP y Ciudadanos no apoyan su toma en consideración argumentando que puede provocar inseguridad jurídica

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV han mostrado este martes su apoyo en el Pleno del Congreso a la tramitación de una proposición del PDeCAT que busca reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007 para anular los juicios políticos del franquismo. De su lado, tanto el PP como Ciudadanos han alertado de que la iniciativa puede provocar situaciones de inseguridad jurídica y no la respaldarán, si bien Ciudadanos ha dejado la puerta abierta a su abstención.

Se trata de la primera iniciativa legislativa que se debate esta legislatura en el Congreso para revisar una ley aprobada en diciembre de 2007, pero no será la última, puesto que el PSOE está ultimando su propia reforma para, además de anular esos juicios, sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos o ilegalizar la fundación que lleva su nombre.

La propuesta del PDeCAT plantea modificar el artículo 3 de la ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para "imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

EL TOP Y EL TRIBUNAL ANTIMASONES Y COMUNISTAS

Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.

Igualmente apuestan por declarar "ilegítimas y nulas" las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura "contra quienes defendieron la legalidad institucional" republicana, "pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordado que hace 10 años, cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.

Entonces, subrayó, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. Por eso, ha defendido la necesidad de anular por ley aquellas sentencias, siguiendo el modelo de Alemania que declaró la nulidad de los juicios del nazismo en 1998.

PRECENTE CATALÁN

Además, Xuclà ha recordado que el pasado verano el Parlament catalán aprobó por unaminidad una iniciativa similar para anular los juicios políticos dictados en Cataluña y ha pedido al PP y a Ciudadanos que, en coherencia con la posición de sus filiales catalanas, apoye la tramitación de su iniciativa. Sin embargo, ambos han avanzado que no lo harán.

En concreto, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, ha afeado al PDeCAT que quiera meter al Congreso en el "tunel del tiempo" con una propuesta, a su juicio, "muy deficiente" y que generará "inseguridad jurídica y confusión".

En este sentido, ha argumentado que la ley vigente ya declaró ilégitimos aquellos tribunales y sus sentencias, lo que implica, desde su punto de vista la "expulsión más rotunda de sus actuaciones del ordenamiento jurídico". Pero, según el PP, carece "de rigor jurídico" proponer que tanto los tribunales como sus resoluciones se declaren "nulos".

De su lado, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su formación no se opondrá a la tramitación, aunque duda sobre sus efectos prácticos. Así, se ha preguntado si contribuirá a "una mayor dignificación de las víctimas" y ha avisado de que puede provocar situaciones de "inseguridad jurídica". Aunque ha condenado la "la etapa negra" que se inició con el "golpe de Estado contra la República", ha apostado por "mirar al futuro" y por no utilizar estos asuntos para hacer partidismo.

Sí apoyará la tramitación el PSOE, aunque el diputado del PSC, José Zaragoza, ha dejado claro que en breve su partido registrará una propuesta de reforma de la Ley de Memoria más ambiciosa que ponga fin a las lagunas que, ha admitido, dejó la norma de 2007. Además, ha vuelto a acusar a los Gobiernos del PP de haber ninguneado esa legislación con su negativa a financiar las medidas en pro de la memoria.

NO BASTA CON QUE SEAN ILEGÍTIMOS, TAMBIÉN ILEGALES

Desde ERC, su portavoz Joan Tardà ha recalcado que hasta ahora los jueces han dejado muy claro que no podían anular aquellas sentencias porque los tribunales que las dictaron eran legales. En este sentido, ha subrayado que, además de "ilegítimos", los tribunales franquistas deben ser declarados "ilegales", porque sólo así se podrá garantizar que sus sentencias pueden ser declaradas nulas y poner fin al "fraude" que, a su juicio, supuso lo incluido en su momento en la Ley de Memoria.

También ha defendido que se declaren ilegales los tribunales el portavoz de En Comú, Xavier Domènech, quien se ha mostrado convencido de que hasta ahora estos juicios no se han anulado porque declarar nulas las resoluciones sobre incautación de bienes por parte del franquismo supondría que habría que reparar económicamente a las víctimas, un asunto que también ha sacado a colación el peneuvista Mikel Legarda.

Domènech ha recordado que con aquellas incautaciones se produjo "la mayor transferencia de patrimonio desde la desamortización los bienes de la Iglesia impulsada en el siglo XIX por el liberal Juan Álvarez Mendizábal y que los partidos y sindicatos ya vieron compensados por los bienes que les fueron arrebatados, pero falta que lo sean los ciudadanos.