El PSOE vaticina que el TC rechazará el choque institucional entre Senado y Congreso por la ley que beneficia a etarras

El PP insiste al Congreso para que "corrija el error" y convoque un pleno en el que levante el "veto" del Senado

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista Antonio Magdaleno ha vaticinado este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) "dará la razón" al PSOE si el PP decide presentar un conflicto de atribuciones desde el Senado contra el Congreso de los Diputados por haber enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero.

Magdaleno ha tildado de "recurso kamikaze" esa opción, que "supondrá una humillación política y también jurídica" al Senado, según ha dicho en el debate previo a la votación en la que el PP aprobará el choque institucional con el Congreso por la ley que beneficia a etarras, el paso previo a acudir, previsiblemente, al TC.

"Y cuando el Tribunal Constitucional nos dé la razón", ha cuestionado al PP, "¿volverán a soltar al señor González Pons para insultar a las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, ese es su respeto a las instituciones democráticas de nuestro país?".

El senador socialista ha criticado que el PP no cumple los procedimientos reglamentarios para aprobar vetos "ni respeta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que dice que los vetos deban ser expresos". "Y este no lo fue", ha apostillado.

Magdaleno ha acusado a los 'populares' de utilizar el Senado "como ariete político para sus intereses partidistas" para plantear un "conflicto 'fake' entre órganos constitucionales" con el que tratar de "ocultar que sí votaron a favor en el Congreso de la ley y en el Senado, no plantearon ni veto ni enmiendas".

"Tienen que admitir ante la ciudadanía que no se leen las leyes que aprueban o no son capaces de entenderlas", ha interpelado al PP, antes de subrayar que los vetos en el Senado a las leyes "se tienen que plantear en el plazo que marca la Constitución".

EL PP CULPA A ARMENGOL DEL CHOQUE

En respuesta, la senadora del PP María Salom ha recriminado que esa ley "indigna" se aprobó al inicio en el Congreso con una "enmienda de tapadillo" favorable a los presos de la banda terrorista ETA como "peaje para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa".

Salom ha continuado señalando que esa ley recibió un veto "en toda regla" por parte del Senado y ello obliga, a su juicio, a devolverla al Pleno del Congreso para levantarlo y ser aprobada.

La senadora ha acusado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, de "inventar" un procedimiento para dar por aprobada la ley sin levantar ese veto del Senado y mandarla al BOE para su publicación.

"Un choque entre el Congreso y el Senado auspiciado por Armengol cumpliendo las órdenes de Sánchez", ha expresado, antes de volver a instar al Congreso a que "corrija el error" y convoque un pleno para levantar, ha reiterado, "el veto del Senado".

EL CONFLICTO

El Congreso aprobó inicialmente, por unanimidad de todos los grupos, la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que incluía la posible rebaja de condenas a etarras.

Una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos etarras, hizo que la norma perdiera el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno del Senado en su última fase parlamentaria.

El Senado, con la mayoría del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.

A continuación, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada la ley y enviarla al Gobierno para publicarla en el BOE, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.