Puigdemont y sus exconsejeros no han acudido aún a las autoridades belgas y la Fiscalía no cree que se presenten hoy

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados que le acompañan en Bruselas no han comparecido por el momento ante las autoridades judiciales belgas y la Fiscalía federal ve "poco probable" que se presenten este sábado ante el juez de instrucción que se designe para decidir sobre las órdenes europeas de detención y extradición que España ha cursado contra ellos.

La declaración ante el juez "no será hoy o, en todo caso, es poco probable", han indicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que han subrayado que el proceso debe ser conducido "paso a paso" y que las cinco personas que reclaman las autoridades españolas "son localizables a través de sus abogados", que han indicado su intención de "cooperar".

Las euroordenes llegaron a Bélgica a última hora de la tarde del viernes y afectan, además de a Puigdemont, a los exconsejeros Maria Serret, Antoni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsanti.

"Desde el momento en que los interesados son encontrados y llevados ante el juez de instrucción, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión", según ha indicado el Ministerio Fiscal en un comunicado en el que recuerda que el magistrado deberá decidir si se dicta prisión o libertad bajo ciertas condiciones para los afectados.

Si el juez de instrucción acepta tramitar la euroorden (porque es conforme a derecho y porque no hay "causa de rechazo" evidente), trasladará el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.

Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.

La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.