Puigdemont quería una Hacienda inspirada en la de Andorra y usar 162 fuentes para la base de datos de contribuyentes

Jové revela que trabajaron con T-Systems a través de la embajada porque esta empresa está participada por el Gobierno alemán

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

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El Gobierno de Carles Puigdemont estaba trabajando en la creación de una Hacienda propia como ya se había revelado en el procedimiento que investiga el Juzgado número 13 de Barcelona, pero la agenda intervenida a Josep María Jové desvela que la querían hacer a partir de la Hacienda de Andorra. Y para crear la base de datos de los contribuyentes querían utilizar 162 fuentes de información.

Según el informe realizado por la Guardia Civil a partir de la llamada 'agenda del proces', recogido por Europa Press, el Ejecutivo catalán contemplaba dos fases para desarrollar la Hacienda propia: la vía autonómica y la fase de Estado. Para ello, habían preparado un desarrollo normativo con cuatro leyes, las dos primeras, por la vía autonómica. Mientras que las dos segundas, ya fuera de la Constitución.

Las primeras eran sobre el Código Tributario que estaría compuesto de cinco libros: Lógica del Código Tributario, Consejo Fiscal, ATC (Agencia Tributaria Catalana), Junta de Tributos y Oficina del Contribuyente para gestionar las "quejas". Sobre esta última asegura Jové que sólo tienen "una persona".

Pero con las dos últimas leyes querían desarrollar el sistema de Aduanas, el Catastro, el Ente Gestor Integral de Tributos y el régimen fiscal general junto con la regulación específica de los tributos que, actualmente, son de exclusiva competencia del Estado.

T-SYSTEMS: SU PRINCIPAL CLIENTE, EL MINISTERIO ALEMÁN DE FINANZAS

Para el desarrollo informático de este proyecto habían contratado a la empresa T-Systems, una filial de la multinacional alemana Deutsche Telekom, una empresa que está participada por el Gobierno de Alemania, que cuenta con representación en el Consejo de Administración.

"Trabajamos a través de la embajada porque el 50 por ciento del capital es del gobierno alemán", escribía Jové el 22 de marzo de 2016 en referencia da T-Systems, quien además precisaba que el principal cliente de esta empresa es el Ministerio de Finanzas alemán.

En ese mismo apunte, la mano derecha de Oriol Junqueras explica que están trabajando la "Hacienda andorrana", dando a entender que querían inspirarse en ese modelo y realizar la Hacienda catalana a partir de la de Andorra y a través de una 'joint venture' con la consultora Everis.

Expone además que era necesario trabajar con la plataforma SAP, es decir, de un conjunto de programas que permiten a ejecutar y optimizar distintos aspectos como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes.

Pero uno de los principales problemas con los que se encontraban para crear la Hacienda catalana era contar con una base de datos donde estuviera volcada toda la información fiscal de los contribuyentes. En esta agenda se apunta la creación de la "base de datos final" contando con la información de 162 fuentes, entre las que se encontrarían las relativas a la actividad, los censos de bienes inmuebles, vehículos y entidades financieras.

La preocupación por la creación de la base de datos de los contribuyentes es constante en otros documentos aportados en el Juzgado. De hecho, descartaban la posibilidad de que pudiera haber una negociación con el Gobierno central en la que éste les cediera la información fiscal de los contribuyentes para recaudar los impuestos y llegaron a plantearse la posibilidad de hacer una campaña para que los ciudadanos cedieran voluntariamente sus datos fiscales a la Hacienda catalana.

PREOCUPACIÓN: CÓMO GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS FUTURAS PENSIONES

Según las anotaciones de José María Jové, contemplaron realizar una Seguridad Social propia y para ello proponían en primer lugar disponer de un ente y definir después el cómo, el quién y el qué.

Para ello fijaron una ponencia conjunta con el objetivo de garantizar la protección social integral catalana, que giraría en torno a la ley social de la desconexión, según el informe que aporta la Guardia Civil. Pero admitían que no podían hacer "grandes cambios" respecto al sistema español y dejaron constancia de su preocupación por "cómo garantizar los derechos de las futuras pensiones".