Rato contesta al juez que la investigación de su patrimonio se refiere a hechos prescritos que se han "tergiversado"

Se queja de que el juez ha tomado declaración a 48 personas sin que se haya informado a las defensas de estas comparecencias

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha presentado ante el juez Antonio Serrano-Arnal, que le mantiene imputado por varios delitos en la causa en la que se investiga el origen de su patrimonio en el que denuncia que en este procedimiento se están investigando hechos ocurridos hace más de 20 años que no son constitutivos de delito, que están prescritos y a los que se está recurriendo para construir indicios "de manera tergiversada".

Así lo señala el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 31, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que expone sus argumentos en respuesta a un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le acusa de haber blanqueado dinero también durante su etapa como vicepresidente y director del organismo financiero.

La defensa de Rato considera "evidente" que la UCO "ante ausencia de indicios delictivos sobre los que plantear su hipótesis criminal" recurre a unos hechos de hace más de 20 años para "de manera tergiversada y absolutamente contraria a la realidad" construir unos "supuestos indicios de criminalidad" sin apoyar su teoría en una "base fáctica sólida y coherente".

Sobre el delito de blanqueo de capitales que se le imputa, su defensa recuerda en este escrito que, teniendo en cuenta que dicho delito tiene un plazo de prescripción de diez años y que este procedimiento se incoó el abril de 2015, cualquier hecho ocurrido antes de 2005 estaría ya prescrito.

Al hilo de este informe, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta mañana al magistrado instructor vuelva a citar a Rato --sería la quinta vez que comparece en calidad de investigado-- por la posible comisión de delito de cohecho y malversación de caudales públicos.
y coherente".

Sobre el delito de blanqueo de capitales que se le imputa, su defensa recuerda en el escrito que, teniendo en cuenta que dicho delito tiene un plazo de prescripción de diez años y que este procedimiento se incóo el abril de 2015, cualquier hecho ocurrido antes de 2005 estaría prescrito.

Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros según expuso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.

Sobre la empresa de publicidad Cor Comunicación creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013 la UCO concluye que Rato llegó a facturar 31,2 millones de euros entre 2004 y 2007, años que estuvo al frente del FMI, si bien su defensa responde que todo lo relacionado con la actividad de esta comercial está prescrito.

"SIN CONTROL JUDICIAL NI LÍMITE ALGUNO"

Para la defensa de Rato, sin embargo, "no deja de sorprender" que el magistrado instructor siga insistiendo en este asunto a pesar de haberse decretado el sobreseimiento de la pieza de Cor Comunicación el pasado mes de octubre. Incide en que cualquier referencia a su actividad "debe eliminarse del atestado y apartarse del procedimiento" pues se investiga "sin control judicial ni límite alguno".

Además, la defensa del exministro denuncia que las "numerosas diligencias" llevadas a cabo por la UCO y la ONIF durante la investigación se han hecho sin informar con carácter previo al juzgado y, en algunos casos, sin pedir autorización y "sin control judicial o límite alguno" respecto de las pesquisas a realizar, algo que califica de "intolerable".

También muestra su queja con que desde que comenzó la instrucción del caso se ha tomado declaración a 48 personas relacionadas con la causa, sin que se haya informado a las defensas de dichas declaraciones y sin que se haya librado requerimientos para aportar numerosa documentación a empresas.