Rato se escuda en la supervisión del Banco de España y de la CNMV para exculparse de la salida a bolsa de Bankia

Subraya que la entidad financiera estuvo bajo un "seguimiento continuado especialmente intenso"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato se escuda en la "fiscalización" y en la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para exculparse de cualquier responsabilidad de haber falseado presuntamente las cuentas para sacar a bolsa la entidad financiera en julio de 2011.

En su escrito de defensa de 52 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatiza que el relato de hechos que presenta la Fiscalía y demás partes en sus escritos acusatorios "no se compadecen con la realidad". Destaca que no hay que olvidar --como sí han hecho las acusaciones, dice-- que en la época a la que se remontan los hechos existía un "contexto de crisis mundial y la concurrencia de una recesión económica agravada"

La defensa de Rato subraya que de las pruebas resultantes de las diligencias practicadas en los más de cinco años de investigación del 'caso Bankia' se ha corroborado que su conducta siempre ha estado "ajustada a derecho". En este sentido, responsabiliza de las supuestas irregularidades del debut bursátil al Banco de España y a la CNMV.

BFA Y BANKIA, ENTIDADES "MONITORIZADAS"

Explica que desde la integración de las siete cajas de ahorros (SIP), de la que surgió el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y posteriormente Bankia, la actuación de sus responsables ha estado sujeta a "supervisión" por parte del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). "Ninguno de los hitos que se produjeron fue ajeno a la previa fiscalización, seguimiento y, en ocasiones, autorización del Supervisor", dice el escrito.

"Puede decirse que habida cuenta de su carácter sistémico, BFA y Bankia fueron entidades monitorizadas por las autoridades a quienes el ordenamiento jurídico otorga el papel de supervisar (garantizar) el correcto funcionamiento de las entidades bancarias", añade.

Insiste en que el grupo financiero del que fue responsable entre 2010 y 2012 estaba bajo un "seguimiento continuado especialmente intenso", lo que implicaba que el organismo supervisor tenía la "totalidad de la información" del banco para "examinar en tiempo real (y así lo hacía)". La defensa de Rato afirma que tanto Bankia como su entidad matriz (BFA) "han ido atendiendo siempre, en la medida en que ello era posible, a las indicaciones, recomendaciones y requerimientos" que les hacía el Banco de España.

"SEÑAL INEQUÍVOCA" DE UNA ACTUACIÓN "CORRECTA"

Algo que, según destaca el escrito de defensa, ha sido corroborado por altos cargos de esta institución y de la CNMV durante la instrucción del caso y que no han sido procesados por el juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Por tanto, concluye que si las actuaciones de Bankia y BFA nunca han sido "objeto ni sujetos de reprobación", es una "señal inequívoca" de que se hizo lo "correcto".

Por último, el que fuera también exvicepresidente del Gobierno aprovecha este escrito de defensa para recalcar que si a los responsables del Banco de España y de la CNMV no se les imputa ninguna responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia es "imposible sostener una tesis acusatoria frente a quienes han seguido las instrucciones de aquellos".

El pasado 17 de noviembre el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a la salida a bolsa.

Recuerda en su auto que a lo largo de la instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma. Fiscalía pide cinco años de prisión por los delitos de falsedad de las cuentas y fraude a los inversores.