La formación pretende que en la causa sobre Bankia se investigue el crédito de 26 millones al expresidente de la CEOE
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, María Sánchez Rivero, ha rechazado la personación de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en la causa que instruía el juez Elpidio José Silva contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada justifica su decisión argumentando que estas actuaciones se encuentran archivadas desde el 9 de de febrero de 2010 y que el pasado 19 de junio la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid acordó retrotraer las actuaciones a este auto de sobreseimiento.
Fuentes de la formación magenta avanzaron que recurrirán esta decisión con el argumento de que el sobreseimiento era provisional y, por lo tanto, "susceptible de ser reabierto si hay circunstancias sobrevenidas", como considera esta parte del hecho de que en la causa sobre la fusión de Bankia, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se investigue la comercialización de preferentes de Caja Madrid, una de las siete entidades que la integraron.
"El Juzgado número 9 debería, para denegar la personación, motivar por qué no considera que ha de reabrirse el procedimiento y, en su caso, denegar la petición de inhibición en favor de la Audiencia Nacional. Sin embargo, se queda un mero argumento formal", señalan desde UPyD.
PERSONACIÓN EN LA OTRA CAUSA
Además, la juez también reclama un poder al partido de Rosa Díez para personarse en la causa en la que se investiga la compra del National Bank of Miami por parte de la caja madrileña.
La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el pasado 19 de junio la petición de nulidad planteada por la Fiscalía contra la pieza principal del 'caso Blesa' y consideró "desproporcionadas" las medidas adoptadas por el juez instructor.
A causa de esta instrucción, el juez Silva está siendo investigado por la querella que la Fiscalía interpuso contra él por la presunta comisión de delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del banquero al ordenar su ingreso en prisión en dos ocasiones al frente de la entidad.
Silva, que se encuentra temporalmente suspendido de funciones desde el pasado julio, se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación en un proceso en el que también actúan como acusaciones las defensas de Blesa y Díaz Ferrán.