La reforma del PSOE busca apartar a jueces que muestren su "desacuerdo con actuaciones" de partidos o sindicatos

El articulado plantea que no bastan recortes de prensa o "meras hipótesis" para aceptar una querella

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La proposición de ley registrada este viernes en el Congreso de los Diputados por el PSOE para limitar la acusación popular también buscar apartar de procedimientos a jueces que hayan "manifestado públicamente" en su condición de magistrados "la censura, el acuerdo o desacuerdo" con actuaciones de partidos políticos o sindicatos.

Así se desprende del texto, que plantea la modificación del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se contemplan las causas de abstención y recusación de los jueces. En concreto, los socialistas proponen incluir como motivo que un juez se haya posicionado sobre "actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, asociaciones u otras entidades, públicas o privadas, que sean parte en el procedimiento".

El texto también recoge la posibilidad de que el magistrado se haya dirigido a todos "ellos con la misma finalidad de forma privada o participar en actos o concentraciones con idéntico objeto, comprometiendo su independencia o imagen de imparcialidad".

Esta modificación afectaría por ejemplo a recusaciones como las que se plantearon contra el que fuera instructor del caso 'Tsunami Democràtic', el ahora exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Varios de los investigados pidieron sin éxito apartarle de la causa antes de que esta fuese finalmente archivada.

En concreto, la recusación se sustentaba en unas manifestaciones que el entonces juez realizó en el Foro La Región de Ourense en alusión a la amnistía. "Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas: Uno: que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo por lo tanto ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?", planteó.

Esta reforma también podría afectar, por ejemplo, al candidato a la Presidencia de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a quien el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una diligencia informativa por sus críticas a la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero por la 'ley del solo sí es sí'.

"De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás", expresó Velasco en una conferencia.

RECORTES DE PRENSA

La proposición de ley también incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se tengan que inadmitir querellas basadas en "meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados".

Una querella de ese tipo, basada en recortes de prensa, fue la que interpuso el sindicato Manos Limpias y que dio lugar a la incoación del caso en el que se investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El PSOE plantea que los tribunales desechen querellas "cuando los hechos en que se funde no constituyan delito o cuando la querella sea manifiestamente falsa". "Excepcionalmente, se admitirán cuando reflejen hechos no contrastados, pero de conocimiento general o declaraciones efectuadas de modo libre y espontáneo por la persona sospechosa en relación con el objeto de la investigación, o declaraciones de personalidades u organizaciones políticas que no han sido desmentidas ni cuestionadas en el proceso", propone.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha explicado este viernes que esta iniciativa parlamentaria asume "la doctrina del Tribunal Supremo" a la hora de inadmitir este tipo de querellas.