El Rey revoca el título de Duquesa de Palma a Cristina cuando está pendiente de que se fije la fecha para ser juzgada

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Cristina, a la que el Rey Felipe VI ha acordado retirar el título de Duquesa de Palma, está pendiente de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, fije la fecha para iniciar el juicio contra ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.

La Audiencia de Palma se encuentra pendiente de fijar la fecha de celebración del juicio tras la decisión de hace seis meses --del 22 de diciembre-- de abrir juicio oral contra la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, adoptada por el juez Castro, encargado estos últimos años de instruir las pesquisas en torno al presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través de la trama urdida en torno al Instituto Nóos.

El juez Castro considera a la Infanta Cristina cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, por los que la acusación particular, Manos Limpias, pide una pena para ella de ocho años de prisión, cuatro por cada uno de los delitos. Hasta un total de 18 acusados están pendientes de ser juzgados en esta causa.

Castro, que fijó una fianza para Cristina de casi 2,7 millones de euros, apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

Para justificar su petición de ocho años de cárcel, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.

"La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda la entidad en su escrito de acusación, en el que reclama además que la Duquesa haga frente a multas que ascienden a 2.022.861 euros.

El juez Castro desestimó la petición efectuada por la defensa de Doña Cristina, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar "jurídicamente inadmisible" que pudiera sentarse en el banquillo. Los letrados sostienen que sobre su patrocinada no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas pesquisas.

Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión". De hecho, defendió que no hay "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la participación de la Duquesa en un supuesto fraude al fisco.

RESTO DE ENJUICIADOS

El tribunal que enjuiciará la causa estará formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y la magistrada que -por turno de reparto entre diez magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia- ha sido designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero.

Además de los Duques, también serán juzgados, en relación con el papel del Instituto Nóos, el propio Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.

En el ámbito balear, se sentarán en el banquillo el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, serán juzgados el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar. También se encuentra en la lista la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.

También está previsto que declaren centenares de testigos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa en funciones de Valencia, Rita Barberà, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

El recién elegido presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino, estima, tal y como apuntó tras su nombramiento, que el juicio del caso Nóos podría durar unos "tres o cuatro meses", durante los cuales la vista oral se desarrollará "de forma intensa" sin que ésta "afecte" al trabajo ordinario de este órgano judicial.