Ron pide ser apartado del caso Popular asegurando que el perjuicio debe ser buscado "en causas posteriores a su mandato"

Sostiene que, con él al frente del banco, se cumplieron "holgadamente los ratios" y las cuentas "reflejaban la imagen fiel" de la entidad

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas irregularidades contables de la entidad y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución que archive la causa para él asegurando que "el perjuicio al inversor" debe ser buscado "en causas posteriores a su mandato y ajenas a su gestión".

En un escrito, recogido por Europa Press, la defensa de Ron solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que acuerde el sobreseimiento señalando que durante su etapa al frente de la entidad el Popular "cumplió holgadamente con los ratios regulatorios y las cuentas reflejaban la imagen fiel de la entidad".

A lo largo de 40 páginas, la representación de Ron incide en que "de lo instruido durante casi estos seis años de instrucción resulta que, durante todo el tiempo en el que" éste "ostentó el cargo de presidente del Banco Popular, la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo".

"Las cuentas anuales de 2015, últimas publicadas antes de la ampliación de capital de 2016, y las cuentas anuales de 2016, expresaron la imagen fiel de la entidad", repite el abogado de Ron, que recuerda que dos días antes de su resolución el Banco de España concedió una línea de liquidez al Popular de 9.500 millones de euros.

"Por lo que, de acuerdo con la normativa aplicable a este tipo de normativa, el Banco de España estaría certificando que el patrimonio neto del Banco Popular excedía esa cifra", aduce su defensa.

Este escrito llega un mes después de que el instructor diese por finalizada la investigación de esta causa, aunque todavía está pendiente de resolver una serie de cuestiones antes de decidir si propone juzgar a los supuestos responsables o archiva la causa.

En el mismo, su representación insiste en que "la causa de la resolución no fue un problema de solvencia del banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos".

SOBRE LAS COMPETENCIAS DE RON

"El Banco Popular se resolvió, según las autoridades por un problema idiosincrásico de liquidez, desarrollado durante el segundo trimestre del año 2017, bajo una 'cobertura mediática negativa'", añade.

En este contexto, el escrito también destaca que "de las líneas de investigación abiertas en la presente causa se desprende que Ron solo participó en la aprobación de la ampliación de capital de mayo de 2016, no teniendo competencia, conocimiento o intervención en el resto de las cuestiones" en las que se indagaba.

"Mi representado tenía atribuidas funciones en el organigrama del banco que dependían de la confianza en el cumplimiento por otros --que actúan en el plano horizontal-- de sus propios deberes normativos. Conforme al principio de confianza, con carácter general no se responde por la falta de cuidado ajeno, sino que el derecho autoriza a confiar en que los otros cumplirán sus deberes de cuidado", sostiene su defensa.

Así, su representación concluye afirmando que no es "posible deducir la responsabilidad del presidente por la sola circunstancia de ocupar el primer puesto en la escala jerárquica". "No cabe hablar en el caso de autos de una acción concertada, de la que no existiría ningún soporte probatorio", colige.

Cabe recordar que la investigación sobre el Popular, que fue inicialmente asumida por el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, supone la causa más extensa y compleja de la que se ha encargado Calama, y a la que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos desde que llegó al Central de Instrucción Número 4, que también se encarga de ahondar en el presunto espionaje a miembros del Gobierno en el 'caso Pegasus'.

A lo largo de casi seis años de instrucción el magistrado ha interrogado entre otros a los expresidentes del Popular, al exministro de Economía Luis de Guindos o mandatarios de organismos internacionales como la Junta Única de Resolución, habiendo recabado además numerosa documentación e informes periciales.