MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio el pasado 30 de julio 10 días al PP para que aportara el expediente completo relativo a la contratación asignada al arquitecto Gonzalo Urquijo de las obras de la sede general del partido en la calle Génova de Madrid.
El magistrado especificaba en un auto que la formación debía remitir a su Juzgado en ese plazo toda la documentación sobre la reforma y especificaba que tenía que incluir, en todo caso, aquellos papeles relativos a "presupuestos, certificaciones de obra, facturación y liquidación y pagos efectuados".
El juez realizaba a la formación otros requerimientos como que identificara a los tres auditores internos que podrían haber tenido acceso a la contabilidad del PP en el año 2002 o que le comunicara los nombres de la persona o personas que hayan trabajado como secretarios del extesorero Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta entre 1990 y 2008.
También pedía información sobre la existencia de una Comisión de Infraestructuras interna del partido y ordenaba que se le proporcionaran datos sobre sus integrantes, creación y funciones y el asesoramiento que en ella podría haber prestado el empresario Antonio Vilela.
Más de cuatro meses y medio después, el magistrado ha enviado a miembros de la Policía a la sede del partido para pedir la entrega de la documentación, después de comprobar que el requerimiento no se había cumplimentado. El PP sí aportó a la Fiscalía Anticorrupción parte de las facturas de la obra que se incorporaron a la causa hace unos días tras ser aportadas por el Ministerio Público.