Sáenz de Santamaría solicitó a principios de febrero el visto bueno para incorporarse a la empresa privada

Podrá mantener el puesto de Consejera del Estado porque no cobra por ello salvo una retribución por asistir a Plenos y es compatible

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitó a principios de febrero en la Oficina de Conflicto de Intereses el visto bueno para poder incorporarse a la empresa privada, informe que ha sido emitido a principios de marzo y que ha sido favorable. Además, Santamaría podrá seguir siendo Consejera de Estado.

El despacho de abogados Cuatrecasas ha anunciado este lunes que Santamaría se incorpora a la firma como socia y miembro de su consejo de administración. Los altos cargos sin embargo tienen limitaciones para incorporarse a la empresa privada una vez que han dejado el puesto público y durante los dos años siguientes, de acuerdo con la Ley del Alto Cargo que impulsó precisamente Santamaría desde la vicepresidencia del Gobierno.

Si van a dar el paso, deben declarar ante la Oficina de Conflictos de Intereses qué actividades quieren desarrollar y esta entidad les tiene que dar respuesta en el plazo de un mes.

Estos son los trámites que ha seguido Sáenz de Santamaría antes de anunciar su entrada en el despacho de abogados, según han explicado a Europa Press Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al que está adscrito la citada Oficina. La exvicepresidenta presentó esa declaración a principios de febrero y ha obtenido respuesta favorable a principios de marzo.

Desde la Oficina se han solicitado informes al Gobierno antes de responder porque, durante dos años tras dejar el puesto, según la ley, los altos cargos no pueden trabajar en entidades que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.

Las fuentes consultadas han explicado que la nueva actividad solicitada por Santamaría no entra en contradicción con lo que exige la ley, por lo que se le ha dado el visto bueno. En cualquier caso, se le recuerda que durante los dos años tras su cese sigue vigente esta incompatibilidad de prestar servicio en entidades privadas a las que les afectó alguna decisión en la que ella participó desde el Gobierno.

CONSEJO DE ESTADO

El pasado mes de octubre, el Gobierno nombró a Saénz de Santamaría Consejera de Estado por un mandato de cuatro años, puesto al que se incorporó en noviembre y que podrá mantener tras su entrada en el despacho de abogados; la única limitación es que tendrá que mantenerse al margen de asuntos relacionados con su nuevo destino profesional.

El órgano asesor del Estado tiene tres tipos de consejeros: permanentes, natos y electivos. Estos últimos son elegidos por el Gobierno de entre personalidades de prestigio que, por su trayectoria, se entiende que pueden hacer aportaciones al trabajo del Consejo, y son elegidos para un tiempo determinado. Junto a Santamaría, fueron también designados en octubre la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, al exsenador de ICV Jordi Guillot y la exmagistrada del Constitucional Elisa Pérez Vera, por un plazo de cuatro años.

Estos cargos de consejero no tienen una retribución; perciben un máximo mensual de 974,16 euros por asistencia a los Plenos de la institución, una dotación que no se cobra si no hay sesión plenaria o si no se asiste, según explica este organismo asesor del Ejecutivo en su portal de transparencia.

Pueden por tanto mantener otra actividad profesional, como será a partir de ahora el caso de Soraya Sáenz de Santamaría. El Reglamento Orgánico del Consejo de Estado impone en cualquier caso los consejeros deben "inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubiere intervenido, o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiera participado él mismo o personas de su familia dentro del segundo grado civil por consanguinidad o afinidad".