Sánchez justifica el espionaje del CNI por un "problema de seguridad nacional" en Cataluña en 2017 y 2019

Precisa que él asume esa directiva de seguridad nacional, que es responsabilidad suya personal y cree que ha hecho lo que debía

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado el espionaje del CNI por considerar un "problema de seguridad nacional" la Declaración Unilateral de Independencia en 2017 y los altercados de 2019 tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Sánchez ha dejado claro que él mismo asume el contenido de una directiva de seguridad nacional alegando que ha hecho lo que debía, aunque precisando que es el CNI quien define, diseña e implementa esas operaciones y las materializa con la autorización judicial.

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo en el Parlamento durante la réplica al PNV, en el Pleno monográfico convocado para que dé explicaciones por el espionaje del CNI a líderes independentistas.

Sánchez ha insistido en que ni puede ni debe decidir a quién se tienen que intervenir los teléfonos. Pero ha advertido de que lo que sí es su deber y responsabilidad "es salvaguardar el orden constitucional y defender la seguridad nacional".

TOMA DEL PRAT

Así, ha recordado que en Cataluña hubo, por parte de dirigentes independentistas catalanes que estaban al frente del Gobierno y también las máximas representaciones parlamentarias, una declaración unilateral de independencia (DUI) que se aprobó en 2017 y también "una contestación muy importante" en 2019.

Y dirigiéndose al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha corregido asegurando que no fueron unos cuantos contenedores incendiados lo que ocurrió, sino "el intento de toma de un aeropuerto como el Prat, el impedimento de que los controladores aéreos pudieran subir a la torre aérea para poder controlar los vuelos y la circulación aérea de esa torre, sabotajes diarios en los trenes de cercanías,...".

Unos hechos que ha calificado de "evidente problema de seguridad nacional" que España tenía en 2019. "Por tanto, lo único que puedo decir es que esa directiva de seguridad nacional efectivamente es responsabilidad del Gobierno de España, mía personal, yo la acepto, la asumo, es así, creo que además he hecho lo que debía", ha dejado claro.

Y ha añadido que, a partir de ahí, quienes "definen, diseñan e implementan esas operaciones y las materializan" es el CNI, que es quien debe contar con el permiso es de la autorización judicial que "evidentemente tienen que ser motivada".