PALMA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado abierto a escuchar las opiniones de los grupos parlamentarios y el resto de las administraciones sobre el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que sucederá a la Ley de Secretos oficiales de 1968, para así mantener un debate "sano" y "democrático" sobre posibles cambios a esta normativa.
Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras concluir su tradicional audiencia estival con el Rey Felipe VI, celebrada en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca, y cuestionado sobre la posición crítica de sus aliados parlamentarios, y también de Unidas Podemos, al plazo propuesto para de 50 años para desclasificar documentos calificados de alto secreto.
Respecto al citado anteproyecto, Sánchez ha destacado que el Gobierno de coalición está "comprometido" en materia de "regeneración" y "calidad democrática", con la reforma de la actual ley de Secretos Oficiales que data de 1968, es decir, de la época de la dictadura.
"LO IMPORTANTE ES REFORMAR UNA LEY FRANQUISTA"
En este sentido, ha especificado que hasta ahora ningún Ejecutivo había planteado la modificación de este texto "predemocrático" y que el plazo de 50 años, con opción de ampliarse otros 15, puede parecer "mucho", aunque ha matizado que otros países tienen periodos que llegan hasta los 70 años o contemplan inicialmente 20, pero con opciones de prórroga indefinidas.
Tras indicar que el anteproyecto aprobado ayer en Consejo de Ministros contempla la posibilidad de pedir la desclasificación de documentos de manera particular, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado sensible a mantener ese debate sobre los plazos de desclasificación de información reservada.
"Lo importante es que una ley franquista va a ser reformada", ha remachado Sánchez para defender que el texto propuesto asemeja a España con las democracias "más avanzadas", si bien está dispuesto a escuchar todas las opiniones para hacer "mejor" la ley de Secretos. Y es que esa reflexión, tal y como ha relatado, "fortalece la democracia" y la van a afrontar con "entereza".
CARACTERÍSTICAS DE LA LEY
El anteproyecto no supondrá la desclasificación automática de ninguno de los documentos ya clasificados hasta ahora y que hayan cumplido sus plazos, sino que ésta se irá haciendo paulatinamente si así lo deciden "de oficio" las autoridades competentes o a instancias de personas afectadas que así lo soliciten, como explicó ayer el titular de Presidencia, Félix Bolaños.
El anteproyecto prevé un régimen transitorio de aplicación. Para empezar, no estará en vigor hasta seis meses después de su aprobación por las Cortes, que el Gobierno calcula para principios de 2023.
También establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La clasificación de los documentos incluidos en las dos primeras corresponderá al Consejo de Ministros, mientras que las de las otras dos se dejará en manos de un elenco de autoridades que van desde ministros, hasta secretarios de Estado, subsecretarios, delegados del Gobierno o los máximos responsables del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía o la Guardia Civil, entre otras.