Santamaría y el presidente canario analizarán el lunes la "agenda canaria" pactada por PP y CC

El pacto de investidura de PP y CC prevé un nuevo marco de gestión de las competencias de costas y bajar los precios del transporte aéreo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ritmo de cumplimiento de la llamada "agenda canaria" será analizado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, en la reunión que mantendrán el próximo lunes en las Palmas de Gran Canaria, donde tratarán asuntos como la reforma de la financiación autonómica, la garantía constitucional del Régimen Económico y Fiscal de las islas y distintas medidas en materia de transporte, energía o empleo.

Esa agenda se vio plasmada en las catorce prioridades que Coalición Canaria (CC) pactó por escrito con el PP el pasado agosto a cambio de que su única diputada en el Congreso, Ana Oramas, apoyara la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

La 'agenda canaria' cobra actualidad en estos momentos en los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está tratando de recabar apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Sobre todo, teniendo en cuenta que el diputado de Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados se ha mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno su apoyo a las cuentas públicas en base a una negociación sobre la 'agenda canaria' y su voto podría ser decisivo para la aprobación de éstas. No obstante, esa negociación con Nueva Canarias aún no ha empezado.

Lo que sí está en marcha son los acuedos del Gobierno con Coalición Canaria, en cuyo primer punto se establece que la eventual reforma de la Constitución incluya el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica, habida cuenta de la situación estructural, social y económica de esa comunidad autónoma, caracterizada por "su gran lejanía, insularidad, su reducida superficie y su dependencia económica". El objetivo es que las políticas y normativas se adecuen a estas "singularidades".

CC también reclama el "anclaje constitucional" del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, así como la revisión de sus aspectos económicos según lo acordado por el Gobierno central y el autonómico, la revisión de determinados aspectos fiscales y la supresión de la devolución del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.

NO CONTAR LOS RECURSOS DEL REF COMO CAPACIDAD FISCAL

Igualmente, el pacto prevé la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía canario, que ya fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso, y el cumplimiento de una serie de condiciones en la modificación del sistema de financiación autonómico.

Concretamente, se pide que Canarias reciba la financiación media de las comunidades autónomas y que se garantice el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad, para lo cual los recursos del REF no computarán en el cálculo como capacidad fiscal. Y hasta que se revise el sistema, Canarias debe recibir la financiación ordinaria sin perjuicio de la aplicación del REF.

Además, se exige una "dotación adecuada" para el cumplimiento de los convenios suscritos entre Canarias y el Gobierno central en materia de costas, obras hidráulicas, vivienda, infraestructuras turísticas, infraestructuras educativas y carreteras, de forma que se compense la pérdida de financiación en estas materias en los últimos años en las islas.

ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA

En materia de energía, el acuerdo prevé la aplicación de medidas de coordinación en la programación de las inversiones en infraestructuras eléctricas y la recuperación las partidas presupuestarias destinadas a la compensación del precio del agua en las islas.

También habla del autoconsumo vinculado al ciclo del agua, la eficiencia energética para las desaladoras, el precio de la energía comercializada, la reformulación de los fondos del Programa Plurirregional y la fijación de un sistema retributivo específico para Canarias en las tecnologías eólica y fotovoltaica.

Por otra parte, PP y CC decidieron coordinar los esfuerzos y recursos destinados a impulsar la creación de empleo en Canarias y a compensar los problemas de competitividad de las empresas radicadas en las islas, así como aumentar los fondos de la Garantía Juvenil.

Asimismo, el texto indica que se tomarán medidas para reducir los precios en el transporte aéreo de personas entre Canarias y la Península y que se incrementarán hasta el 75% las subvenciones del precio del billete para los residentes en las conexiones aéreas interinsulares, de manera que no se paguen más de 30 euros por trayecto. En cuanto al transporte de mercancías agrícolas e industriales, se recuperarán las bonificaciones de hasta el 70% en mercancías agrícolas e industriales.

PROTECCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO Y DEL ESPACIO MARÍTIMO

El acuerdo busca también garantizar la protección del sector primario, por ejemplo controlando los precios de entrada y los gravámenes a las importaciones de terceros países, y aumentar las cuotas de captura de atún rojo para los pescadores canarios.

Además, se deben incrementar los medios del Estado para el control del tráfico marítimo en aguas canarias y declarar como espacio protegido el existente entre las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) y África.

El texto establece igualmente la definición de un nuevo marco en la gestión de las competencias de costas por parte de la comunidad y la incorporación efectiva de Canarias en la toma de decisiones en materia de inversión aeroportuaria y respecto a la gestión de los aeropuertos.

Con el objetivo de promover la internacionalización de la economía canaria, el pacto propone aumentar la participación de las empresas canarias en una serie de programas y herramientas, la simplificación o eliminación de trámites aduaneros y atender las políticas de bonificación e inversiones en los puertos.

TRATAMIENTO LEGAL ESPECÍFICO PARA LOS CABILDOS

Asimismo, el PP se comprometió con CC a trabajar en la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo Regional específico de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE y a garantizar que los programas operativos europeos destinados a Canarias no se vean afectados en caso de que el Ejecutivo comunitario suspendiera, por incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los programas de los que se beneficia España.

Por último, el punto 14 dice que se concederá a los cabildos insulares un tratamiento específico en la legislación estatal, con independencia de la regulación que pueda darse a las diputaciones provinciales.