Sección de Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona rechaza el envío de observadores al juicio del 'procés'

Considera "política, no jurídica" la decisión del Consejo de la Abogacía Catalana de enviar 12 abogados

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona ha emitido un comunicado en el que rechaza, por constituir "un posicionamiento político, no jurídico" la propuesta que realizó el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) --formado por los 14 decanos de los colegios de abogados catalanes-- al Tribunal Supremo para acreditar a doce abogados catalanes como observadores en el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña.

En el documento, con fecha de este jueves y al que ha tenido acceso Europa Press, los integrantes de esta sección del Colegio de Barcelona señalan que la solicitud de observadores --una posibilidad que ha rechazado el alto tribunal en relación con las peticiones en el mismo sentido realizadas por las defensas en este procedimiento-- es "hacer un flaco favor a la Justicia".

Así, los miembros de la Sección comparten el criterio ya expresado por el tribunal enjuiciador "en el sentido de considerar, garantía más que suficiente, la celebración de juicio público, que puede ser visualizado, por parte de todos los ciudadanos", lo que permitirá que todos sean observadores. Consideran además que los abogados no pueden cuestionar ni deslegitimar al tribunal juzgador poniendo en duda su imparcialidad.

Para estos letrados "la pretendida legitimación de una mayoría de ciudadanos, sobre otra, no puede servir como sustituto de la democracia representativa, ni utilizarse como argumento para socavar los pilares democráticos" Por todo ello, solicitan respeto para el poder judicial y todos los operadores jurídicos, y fundamentalmente para la sentencia que se dicte.

Partiendo de todo ello, los abogados de la sección Constitucional del Colegio de Barcelona se distancian de las declaraciones del CICAC, y desde una perspectiva jurídica, afirma que "en un Estado democrático solo hay un posicionamiento posible, que es el respeto a la Ley y al Estado de Derecho".

Finalmente, el comunicado recuerda la importancia y el respeto obligado al Derecho a la presunción de inocencia; el derecho de Defensa; el derecho a tener un juicio justo, por los procedimientos legales previamente establecidos; el derecho a la interposición de recurso y a la doble instancia.