El secretario de Estado de Seguridad respeta la petición de la Fiscalía por las agresiones de Alsasua

VALLADOLID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, ha expresado el "respeto" del Gobierno a la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2006, tras lo que ha expresado su confianza en que no se vuelvan a repetir hechos similares.

Nieto Ballesteros, que ha asistido en Valladolid a la presentación del jefe superior de Policía de Castilla y León, Jorge Zurita, ha expresado el "respeto absoluto" a las decisiones que tome la Justicia y ha incidido en que la norma en el Gobierno es "la mínima injerencia posible, ni siquiera la opinión", al margen de la esfera privada.

"Tenemos claro que desde el poder ejecutivo tenemos que arropar al poder judicial, que no tiene una tarea fácil, tratan de aplicar las leyes según su leal saber y entender en circunstancias a veces complejas y con mucha presión", ha señalado Nieto, quien ha reiterado que respetan el criterio "establecido y fijado".

En este contexto, lo que ha pedido "por encima de cualquiera otra cosa" es que en cualquier tierra de España, territorio y provincia se respete a la Policía y a la Guardia Civil de la misma forma que ellos respetan a los ciudadanos.

"Si eso se hace, en ningún sitio habrá ningún tipo de problema e incidente", ha dicho el secretario de Estado, quien ha añadido que esa paz y tranquilidad no se puede ver alterada por el "capricho radical" que algunos quieran utilizar bajo "la excusa de lo que sea, de una determinada ideología o la realización de algún tipo de delito".

En concreto, la Fiscalía ha solicitado 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas para los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2006.

El Ministerio Fiscal atribuye para siete de los acusados cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de 12,5 años por lesión. Además imputa a uno de ellos y al octavo en cuestión el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente 12 años y medio de cárcel y reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque.