MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha calificado de "barbaridad" que los grupos parlamentarios pidan la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida por sus detractores como 'ley Mordaza', sin consensuar antes una alternativa para la que el nuevo equipo del Ministerio del Interior ha mostrado su disposición de diálogo "artículo por artículo".
Nieto ha apelado principalmente a grupos con "sentido común" como el PSOE y Ciudadanos después de que el primero instara a la derogación de esta norma que recoge sanciones administrativas, planteando otra nueva ley "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales".
"El Congreso ha pedido una cosa muy complicada", ha comentado a los periodistas este jueves el secretario de Estado al ser preguntado sobre la moción aprobada este martes por la mayoría de la cámara, contando sólo con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Este grupo es partidario de reformar la ley, pero no así de instar a su derogación, como proponen los socialistas.
Nieto ha avisado de que, si se deroga la Ley de Seguridad de 2015, las fuerzas de seguridad se quedarán en una situación "bastante precaria". "Ninguna persona sensata que piense bien lo que está diciendo lo puede plantear", ha enfatizado el 'número dos' del ministro Juan Ignacio Zoido.
MANO TENDIDA AL DIÁLOGO
Como ya hiciera Zoido y el PP en el Congreso, Nieto ha repetido que el Gobierno está abierto a dialogar para "mejorar" la actual ley. "Abordémoslo", ha insistido antes de pedir "sentido común, sensatez y mucho cuidado" ante normas orgánicas como la bautizada por sus detractares como 'ley Mordaza'.
El diputado 'popular' José Alberto Martín-Toledano se mostró molesto este martes en la tribunal del Congreso por el tono del PSOE al hablar de la Ley de Seguridad. "Es una ley garantista porque España no es Cuba ni Venezuela", defendió.
Martíñez-Toledano recordó que el nivel 4 --sobre 5-- de alerta antiterrorista aconseja no derogar una norma que fue aprobada con el voto favorable del PP y de UPN tras 16 meses de trámite parlamentario que modificó sustancialmente algunos de los puntos más polémicos del proyecto inicial impulsado por el exministro Jorge Fernández Díaz.