El Senado pregunta al Fiscal General del Estado qué debe hacer con la petición de datos patrimoniales de Bárcenas

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Senado ha acordado dirigirse al Fiscal General del Estado para preguntarle qué debe hacer con las declaraciones de patrimonio del exsenador Luis Bárcenas que le solicitó la Fiscalía Anticorrupción en su investigación sobre una supuesta contabilidad B del PP, una vez que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha asumido el asunto.

La Fiscalía Anticorrupción se dirigió al Senado el pasado martes 5 de marzo para solicitarle las declaraciones patrimoniales de Bárcenas en los años que fue senador, de 2004 a 2010, información que no es pública. La Mesa decidió solicitar a sus letrados un informe sobre cómo actuar, puesto que no existe precedente de una petición así y porque su autor es el ministerio fiscal, no un juez.

Sin embargo, el jueves pasado, el juez Ruz asumió la investigación de esa supuesta contabilidad fraudulenta atribuida a Bárcenas y pidió a la Fiscalía las diligencias informativas que abrió en enero pasado.

Ante esta novedad, los letrados de la casa no han elaborado el informe jurídico inicialmente previsto y la Mesa del Senado ha decidido dirigirse a la Fiscalía General del Estado para aclarar qué debe hacer ahora, a quién tiene que enviar su respuesta, han explicado fuentes de la institución.

Las declaraciones de bienes patrimoniales de diputados y senadores comenzaron a ser públicas en 2011, un año después de que Luis Bárcenas hubiera abandonado la cámara alta tras verse implicado en el 'caso Gürtel'. Toda la documentación que presentó por tanto al Senado es de carácter reservado y no hay antecedentes en la institución de una solicitud de este tipo.

EL CASO, EN MANOS DE RUZ

Ruz adoptó esta decisión en un auto dictado el jueves, basado en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que establece que existen al menos tres vínculos entre el 'caso Gürtel' y los 'papeles de Bárcenas', dos de los cuales afectan al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo.

El magistrado adoptó esta medida a la vista de la existencia de "elementos subjetivos, objetivos y de coincidencia temporal suficientes" entre la causa que instruye y la documentación atribuida a Bárcenas que, según explica en su auto, adquieren "mayor relevancia" tras la declaración" judicial que el extesorero prestó en la Audiencia Nacional el pasado 25 de febrero.

En ella reconoció ser el autor junto a su antecesor, Álvaro Lapuerta, del "control de los ingresos y gastos del epígrafe Donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009".

En su auto, en el que cita jurisprudencia desde el 'caso Banesto' que permite la apertura de piezas separadas para juzgar delitos conexos, el juez destaca la necesidad de abrir una causa independiente para investigar la presunta contabilidad B del PP por el "estado incipiente" de esta pieza en relación con la "fase avanzada" en la que ya se encuentra la instrucción sobre 'Gürtel'.