El Senado ratifica y envía al BOE la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha ratificado este martes la reforma parcial de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la que se habilita a un Gobierno en funciones para modificar los objetivos de déficit y de deuda pública como consecuencia de una decisión de la Unión Europea. La iniciativa queda así aprobada definitivamente y será enviada al BOE para su entrada en vigor.

La reforma ha sido aprobada por PP, PSOE, PNV, Ciudadanos, UPN, Foro, CC, Nueva Canaria y Agrupación Socialista Gomera, con el voto en contra de todos los demás partidos. El Pleno ha rechazado previamente cuatro vetos presentados por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Convergència, ERC y Compromís, que pedían la devolución del proyecto al Congreso.

La novedad en la ley se pensó para que un gobierno en funciones pueda actualizar el objetivo de déficit para las administraciones una vez autorizado por Bruselas. Sin embargo, ya no será necesaria si como está previsto Mariano Rajoy es investido presidente del Gobierno esta semana y puede formar gobierno. El nuevo Ejecutivo podrá aprobar ya un techo de gasto y la nueva senda de estabilidad.

En la Ley Orgánica aprobada no solo incluye la reforma para poder aprobar objetivos de déficit, sino que también recoge modificaciones en la Ley que regula el aumento de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, en los que se blinda las exenciones fiscales existentes en Canarias, Ceuta y Melilla.

La reforma contempla las bonificaciones de la reserva para inversiones en Canarias (hasta un 90% del resultado contable sobre la base imponible), las de las empresas registras en la Zona Especial Canaria (ZEC), la bonificación de la producción de bienes corporales (hasta un 50%) y las de empresas radicadas en Ceuta y Melilla (también del 50%), ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos a excepción de los de Podemos, ERC y Bildu, que han decidido abstenerse.

Por otra parte, el PNV ha introducido con esta reforma la autorización para que tanto Adif como Sepes del el visto bueno a la formalización de las 'comfort letters' --una clase de garantía escrita-- para avalar a la empresa pública Bilbao Ría 2000, y el cumplimiento de los compromisos suscritos por estas entidades con la empresa vasca, consistentes en la cesión de varios terrenos de titularidad pública.