El Gobierno toma medidas para impedir que la Generalitat desarrolle una administración electrónica en paraísos digitales

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Govern ve un "golpe de Estado" el decreto ley contra la 'República digital catalana'

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley para impedir que la Generalitat catalana y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la UE, como sucede con Identicat, un sistema de identificación en desarrollo que persigue que los catalanes puedan hacer trámites en Internet con la Administración.

Esta nueva norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes próximo, si bien deberá ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados, que tiene la capacidad de tumbarla si la mayoría de la Cámara no está de acuerdo con ella.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que la medida busca, entre otras cosas, "proteger más todavía el Documento Nacional de Identidad como único y excluyente de cualquier otra identificación que pueda tener cualquier hombre o mujer de este país", si bien ha rehusado ahondar en detalles por tratarse de asuntos que afectan a la seguridad nacional.

Pese a que se le ha preguntado de manera reiterada, Calvo no ha concretado de qué datos dispone el Ejecutivo para decidir actuar con urgencia en esta cuestión, diez días antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, cuando se trata de un asunto en que el que llevan trabajando ya un tiempo.

En todo caso, fuentes gubernamentales han explicado que el real decreto ley afecta directamente a iniciativas como Identicat, si bien han evitado, como Calvo en la rueda de prensa, vincularlo a una necesidad imperiosa de proteger el buen desarrollo de los inminentes comicios.

ACTUARÁ CONTRA PROYECTOS COMO IDENTICAT

El real decreto ley mejorará notablemente, sostiene el Gobierno, la capacidad de reacción del Estado ante proyectos que atenten contra el interés general, como es Identicat. También reforzaría los mecanismos de actuación ante una infracción como sería la cesión de datos de una Administración pública a entes privados.

No está pensado en cambio, admiten las fuentes consultadas, para actuar contra plataformas como Tsunami Democràtic, desde la que se están coordinando las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Calvo ha precisado que ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha llevado en mano al Consejo de Ministros esta medida, que la vicepresidenta ha justificado por carácter urgente, de interés general y para prevenir daños "irreparables".

ARGUMENTA LA URGENCIA: PUEDEN PASAR SEMANAS HASTA TENER GOBIERNO

"Es urgente porque hay situaciones en el orden cotidiano de nuestras vidas y en nuestra relación con las Administraciones públicas donde hay que reaccionar cuanto antes mejor", sobre todo teniendo en cuenta que, con unas elecciones en poco más de una semana, pasarán "días" o "semanas" hasta que se forme un nuevo Gobierno, ha argumentado.

El decreto afectará a siete Ministerios y a cuestiones relativas a la documentación nacional de identidad; la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.

Consta de un preámbulo y un texto articulado en seis artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

El capítulo I contempla medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar al DNI, con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular, ha detallado el Gobierno en un comunicado.

El capítulo II establece varias medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones públicas.

PROTECCIÓN DE DATOS EN MANOS DE CONTRATISTAS

El capítulo III regula varias medidas en materia de contratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública en este ámbito.

Los contratistas del sector público manejan en ocasiones un ingente volumen de datos personales, cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública. Por ello, resulta necesario y urgente, a juicio del Ejecutivo, asegurar por ley su sometimiento a ciertas obligaciones específicas que garanticen tanto el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales como la protección de la seguridad pública.

El capítulo IV regula varias medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones.

A juicio del Gobierno, el uso del real decreto ley está justificado y respeta los límites constitucionalmente establecidos para recurrir a esta figura legislativa, al no afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general.

Tampoco invade la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 81 de la Constitución ni en ningún otro precepto constitucional, en tanto que no se modifican preceptos de carácter orgánico, sostiene el Gobierno en su nota.