Sindicatos acusan al Gobierno de intentar "aniquilar la protesta"

Actualizado: miércoles, 18 julio 2012 16:49

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-CSIF han acusado al Gobierno de "dar una vuelta de tuerca más" a la ley para intentar "aniquilar la protesta en la calle" de los empleados públicos ante los recortes.

En un comunicado conjunto, los sindicatos acusan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de tratar, en primer lugar, de "minimizar" las protestas de los empleados públicos contra los recortes anunciando que los funcionarios que cobren menos de 962 euros brutos no se les suprimirá la paga extra de Navidad, aplicando el "divide y vencerás", y de, en segundo lugar, añadir "el miedo como argumento" con su amenaza de no poder pagar la nómina de los empleados públicos.

Además, consideran que el Gobierno ha realizado con los nuevos recortes aprobados "una agresión brutal" a la autonomía colectiva y la libertad sindical de los empleados públicos, "con el objetivo de eliminar el derecho de defensa de los trabajadores".

Así, los sindicatos subrayan que "el autoritarismo del Gobierno es tal que anula, sin tener derecho a ello, convenios colectivos, pactos y acuerdos, invadiendo además las competencias de las CC.AA".

Respecto al recorte de 6.000 liberados sindicales, recuerdan que el desarrollo de la actividad sindical está amparada en la ley y que en desarrollo de ésta se establecen acuerdos de mesas generales de negociación en los que se estipulan las funciones y número de liberados sindicales, algo que plantea en los mismos términos el Real Decreto "como una novedad, pero que siempre ha estado en vigor en el ordenamiento jurídico, impidiendo en la práctica el desarrollo de la actividad sindical al margen de leyes, normas y control administrativo".

Sobre el "supuesto ahorro" que se consigue al despedir a los pocos interinos que cubren los puestos de los liberados sindicales en el resto de Administraciones, los sindicatos aseguran que "se trata de mandar a trabajadores al paro, donde seguirán cobrando de la Hacienda Pública su prestación por desempleo, aunque sin poder contribuir a la mejora de los servicios públicos".