Los sindicatos convocan movilizaciones desde mañana ante el Ministerio de Justicia contra la nueva LOPJ

CSI-F convoca dos días consecutivos de concentraciones para exigir que no se amorticen plazas ni se acometan traslados forzosos de funcionarios

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han convocado para mañana movilizaciones frente al Ministerio de Justicia para protestar contra el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que constituye un "claro insulto" a los funcionarios y un "ataque sin precedentes" a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.

CSI-F, mayoritario en el sector, ha convocado además dos días consecutivos de concentraciones, por lo que sus delegados volverán el miércoles a las puertas del Ministerio para exigir que la normativa se "negocie" con los representantes sindicales. "Si Gallardón se niega a que tengamos voz y voto en la reforma de la Justicia, nos tendrá enfrente y en una postura beligerante", avisa.

CC.OO. ha advertido también de que el mantenimiento de todos los puestos de trabajo no está "en absoluto" garantizado y ha anunciado que iniciará un "durísimo proceso de negociación y movilización" si el Gobierno acomete traslados forzosos de funcionarios y modifica sus retribuciones.

En las concentraciones, que comenzarán a las 17.00 horas, las centrales sindicales mostrarán su preocupación por que el ministro de Justicia trate de "destruir el tejido judicial", asestando un "duro golpe" a la justicia de proximidad y obligando a millones de personas a trasladarse desde su población a capitales de provincia.

MÁS COMPETENCIAS A LOS PROCURADORES

Para CSI-F, la reforma podría conllevar una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculización de la Carrera profesional. "Se limitan al 30 por ciento las plazas de promoción interna, lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional", añade.

Denuncia que la implantación de tribunales de instancia no asegura la permanencia de todas las sedes judiciales a medio plazo y añade que muchas no tienen funciones específicas fijadas. Además, alerta de que el Gobierno ha arrebatado competencias a los funcionarios para entregárselas a otros colectivos.

"Ahora le toca entregar los actos de comunicación, los embargos y la ejecución a los procuradores --añade--. Desde CSI-F seguimos defendiendo la obligación de que determinadas materias en las que tiene que haber una máxima objetividad e imparcialidad continúen en manos de los funcionarios, como mejores garantes de esas virtudes".