Lo ven un "acto de justicia para quien defendió la Constitución y el mandato judicial" frente al intento de proclamar la independencia
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos de la Policía Nacional han valorado positivamente que el Juzgado de Barcelona haya aplicado la Ley de Amnistía a los 46 agentes imputados por las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017, al entender que pone fin a un "calvario" y representa "un acto de justicia para quienes defendieron la Constitución y el mandato judicial".
No obstante, rechazan ser "igualados" con quienes promovieron el intento de independencia de Cataluña, así como el "uso político de servidores públicos".
En la resolución, el juez sostiene que la amnistía debe ser aplicada a los policías ya que las actuaciones investigadas "fueron de escasa duración individual" y no se prolongaron en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".
Además, el juez añade que los hechos investigados, a excepción de los delitos de lesiones, no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la aplicación de esta medida de gracia.
Tras conocer la decisión judicial, JUPOL ha mostrado su "comprensión" con los agentes que han pedido acogerse a una Ley de Amnistía sobre la que mantienen su rechazo de fondo porque "iguala a los policías nacionales con los promotores de un intento de golpe de Estado en Cataluña y con los responsables de actos de terrorismo callejero y graves disturbios en las calles de Cataluña".
En un comunicado, JUPOL ha denunciado que los policías desplazados en Cataluña por el 1-O "fueron objeto de una campaña de acoso y difamación por parte de los sectores independentistas, que los convirtieron en chivos expiatorios de la violencia que ellos mismos generaron".
PUNTO Y FINAL A UN CALVARIO PROCESAL
Para CEP, "es un acto de justicia, pero no porque lo diga la Ley de Amnistía sino porque todas y cada una de sus actuaciones tuvieron como objetivo la defensa de la Constitución Española y el cumplimiento de órdenes y mandatos de jueces y fiscales".
Según CEP, con la amnistía de los 46 agentes 'antidisturbios' "no estamos ante un acto de gracia o ante un perdón caritativo, sino ante un punto y final a un calvario procesal que jamás debió llegar tan lejos".
Este sindicato ha puesto el foco en que "en no pocos de los procedimientos judiciales abiertos contra policías nacionales en Cataluña era la propia Generalitat quien ejercía la acusación", lo que considera "un ejemplo insólito y miserable de persecución de los servidores públicos y de alineamiento con la estrategia de los independentistas que pretendieron subvertir el orden constitucional en España".
Desde CEP, además, han pedido al Ministerio del Interior que "ponga freno inmediato a las reiteradas cesiones competenciales que se vienen produciendo en el ámbito policial a favor de la Generalitat".
USO POLÍTICO DE SERVIDORES PÚBLICOS
El SUP también ha reaccionado a la noticia para criticar "el uso político que se hace con los servidores públicos injustamente sometidos a un calvario judicial". "Únicamente estaban allí cumpliendo con su deber de proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos", han señalado.
Este sindicato considera que el juez, al aplicar la amnistía, reconoce la proporcionalidad y "buen hacer" con la que actuaron los agentes durante el referéndum del 1-O. "Siempre y en todo momento se actuó conforme al marco legal y bajo la tutela judicial", dicen.
"Nuestras UIP y el resto de compañeros que tuvieron que dejarse la piel en aquel ambiente de guerra de guerrillas han tenido que soportar estos años de incertidumbre, porque algunos decidieron comerciar a cambio de votos con las bases de nuestra Democracia y nuestra Justicia", han lamentado el SUP.
CUMPLIERON ÓRDENES LEGÍTIMAS
El SPP, sindicato representativo entre los mandos de la Policía Nacional, entiende que la resolución del juzgado de Barcelona "confirma la inocencia por la participación en los operativos del 1-O en Cataluña".
"No debemos olvidar que actuaron en cumplimiento de órdenes legítimas, en cumplimiento de un mandato judicial y cuyo único objetivo era mantener el orden público garantizando con ello la seguridad ciudadana", han señalado.
En opinión del SPP, la decisión judicial "es la única resolución posible" y supone "todo un éxito" su servicio jurídico en colaboración con la Abogacía del Estado. "Es una noticia formidable, pero no debemos obviar que caben recurso de reforma y apelación", ha apostillado.
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