La sobrina de José Luis Moreno se niega a declarar ante el juez y dos empleadas aseguran que las facturas eran reales

Una de las imputadas achaca las posibles irregularidades en Dreamlight a una gestoría externa contratada por Roemmers

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sobrina de José Luis Moreno imputada en el caso 'Titella', Natalia Fernández, se ha negado a declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por la presunta macroestafa que habría encabezado su tío, aunque sí han hablado dos empleadas del productor de televisión también investigadas que han asegurado que las facturas emitidas por las empresas del ventrílocuo eran reales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha dado un nuevo impulso a la investigación al acordar una ronda de comparecencias que ha comenzado este miércoles con estas tres imputadas --Fernández, Cristina Muñoz y Rosa Santamaría-- y que se sucederá jueves y viernes con la intervención de casi una docena de imputados, aunque ninguno de los supuestos cabecillas.

Estaba previsto que este 6 de octubre declararan dos sobrinos de Moreno, Natalia y Raúl Fernández, si bien la primera se ha acogido a su derecho a guardar silencio, mientras que la comparecencia del segundo se ha pospuesto.

Así, el interrogatorio se ha centrado en Muñoz y Santamaría, dos trabajadoras de las compañías de Moreno que se habrían concertado para confeccionar facturas falsas con el objetivo de justificar los ingresos de la ex estrella televisiva.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Muñoz ha explicado que se encargaba del área de contabilidad. Ha aseverado al magistrado que las cuentas estaban en orden y que las facturas emitidas eran reales.

Además, ha querido aclarar que la contabilidad de Dreamlight, la sociedad que Moreno compartía con el empresario argentino Alejandro Roemmers y con la que estaba produciendo la serie 'Glow and Darkness' ('Resplandor y Tinieblas') sobre la vida de San Francisco de Asís, se llevaba desde una gestoría de Marbella contratada por la compañía Franciscus --propiedad de Roemmers--, por lo que ha descargado ahí cualquier irregularidad vinculada a esas cuentas.

Santamaría, por su parte, ha indicado que se ocupaba de la parte de producción. De acuerdo con las mismas fuentes, ha defendido que había una actividad real que implicaba a numerosos trabajadores y respaldaría los gastos facturados, contradiciendo así lo reflejado en unas conversaciones intervenidas donde afirmaba que solo eran dos empleados. "Es imposible" que solo fueran dos, ha dicho hoy.

A ambas se les ha preguntado asimismo por su relación con Beatriz Sánchez, que aparece reflejada en el sumario del caso como la encargada de administrar las empresas de Moreno, una especie de 'mano derecha' que ejercería de superior de Muñoz y Santamaría. En este sentido, han señalado al juez que Sánchez es abogada laboralista de formación pero que le hacían todo tipo de consultas legales.

MORENO, LA "TARJETA DE VISITA"

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó 'in extremis' en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

ESTAFA Y BLANQUEO

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.