Tras el malestar con su socio por el registro de la ley, se decantan por esta posición al ver "correctas pero insuficientes" las medidas
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Sumar ha decidido abstenerse mañana en la toma de consideración de la proposición de ley del PSOE y PP para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que las medidas propuestas son "correctas pero insuficientes".
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del grupo plurinacional, para destacar también que el sentido de su voto obedece a que el pacto entre PP y PSOE no deja opción viable de presentar enmiendas para "avanzar más" en medidas de "democratización" del Estado, particularmente en el ámbito judicial.
Ya la semana pasada Sumar, por medio de su portavoz parlamentario Íñigo Errejón, manifestó el malestar del socio minoritario con el Gobierno por no ser informado del contenido del texto legislativo antes de su registro.
Entonces, ya advirtió de que su apoyo estaba en el aire y que iban a estudiar su posición y finalmente hoy, tras la reunión de la dirección del grupo parlamentario, optan por la abstención.
SU VOTO NO ES DECISIVO
No obstante, el voto de Sumar es irrelevante de cara a la toma en consideración de esta proposición de ley, dado que PSOE y PP cuentan con más de dos tercios de los diputados en el Congreso para sacarla adelante y avanzar en su tramitación parlamentaria.
Las mismas fuentes indican que Sumar ha participado en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al proponer al magistrado Carlos Preciado y la fiscal Inés Herreros, y que era necesario desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.
Sin embargo, han advertido de que "el camino a la democratización del Estado no es con el PP del bloqueo" (en alusión a su resistencia a remodelar el CGPJ durante más de cinco años), sino con "la mayoría de la investidura".
El propio Errejón desgranó también la semana pasada que los socialistas no pueden llevarse a engaño porque el PP no es un "socio fiable" y solo puede contar con el bloque de investidura para sacar adelante la agenda social y las medidas de regeneración democrática.
TRÁMITE PARLAMENTARIO
Este jueves el Pleno del Congreso dará el primer paso para tramitar la propuesta que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal con el fin de evitar las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales.
Esta reforma legislativa, que forma parte del pacto del PP y del PSOE para renovar el CGPJ, se tramitará por el procedimiento de urgencia para aprobarla en tres sesiones plenarias en el Congreso y una en el Senado. De hecho, la proposición de ley fue calificada este martes por la Mesa del Congreso, el mismo día se publicó en el Boletín de las Cortes, el Gobierno sólo tardó poco más de una hora en comunicar su conformidad para ser debatida, y va a pasar su primer examen en el Pleno a las 48 horas.
Una vez que la ley sea tomada en consideración, los grupos parlamentarios tendrán hasta el próximo martes, 9 de julio, para presentar enmiendas, que en el caso de las de totalidad exigirán la presentación de un texto alternativo ya que no bastará con pedir la devolución.
El día 11 se prevé celebrar el debate de totalidad, a la semana siguiente el texto se debatirá en la Comisión de Justicia y el día 23 se procederá a su aprobación en el Pleno del Congreso para su remisión al Senado, que podría dar luz verde definitiva al día siguiente, según informaron a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.
CONTENIDO DE LA PL: RESTRINGIR PUERTAS GIRATORIAS
Además, la reforma plantea una serie de cuestiones para evitar las denominadas 'puertas giratorias'. Así, los jueces que se presenten como candidatos al Parlamento Europeo, Congreso, Senado, Asambleas legislativas autonómicas o una Alcaldía, y los que hayan sido elegidos para estos puestos u ocupen un cargo público con rango superior a director general, serán declarados en situación de excedencia voluntaria y desde ahí "no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria".
En cuanto a los jueces que sean nombrados para un cargo político de confianza con rango de director general o inferior deberán ser declarados en la situación de "servicios especiales".
Respecto del CGPJ, se introduce un "régimen de incompatibilidades" para poder ser designado como vocal por el cupo de juristas de reconocida competencia. Así, "no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, bien hayan sido titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía, o bien hayan ocupado cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas autonómicas.
Además, los candidatos a esas ocho plazas de juristas habrán de comparecer previamente ante la comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente y presentar una memoria de méritos y objetivos.
INCOMPATIBILIDADES PARA EL FISCAL GENERAL
El artículo dos de la proposición de ley se centra en modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, además de los requisitos profesionales que ya existen para ocupar el puesto de fiscal general, establece un nuevo régimen de incompatibilidades para acceder al cargo.
En este sentido, "no podrá ser propuesto quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma".
La nueva redacción determina que el fiscal general del Estado "deberá abstenerse de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la Ley del Poder Judicial (LOPJ)".
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