Sumar pide reconocer como víctimas a las jóvenes recluidas por el Patronato de Protección a la Mujer hasta 1985

Reclama su inclusión en la Ley de Memoria Democrática y que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre la institución

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere que se reforme la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las miles de jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer, una institución gestionada por órdenes religiosas de monjas, que fue creada en 1941 y que continuó activa hasta bien avanzada la democracia, en concreto, hasta 1985.

Además, en la iniciativa que ha registrado en el Congreso a la que ha tenido acceso Europa Press, el socio minoritario del Gobierno plantea la necesidad de que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para "impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica".

Durante más de 40 años, el Patronato --o 'las monjas', como se conocía popularmente a esta institución-- fue la institución más longeva de la dictadura, una de las piezas "indispensables para ejercer el control social" de las mujeres. Según recuerda Sumar, "se encargó del disciplinamiento de los cuerpos y las mentes de las mujeres que no se adecuaban al modelo único de buena mujer impuesto por el franquismo".

BEBÉS ROBADOS

En sus centros, repartidos por todo el país, se recluyó a miles de mujeres de entre 16 y 25 años, que, según sus propios relatos, fueron sometidas a un "trato vejatorio, obligadas a trabajar sin remuneración y en condiciones deplorables".

Muchas de ellas dieron a luz bajo la tutela del Estado --de hecho, recalaron allí por haberse quedado embarazadas sin estar casadas o como consecuencia de violaciones-- y fueron presionadas para dar a sus criaturas en adopción o les dijeron que habían nacido muertas. Sumar explica que recientes investigaciones han establecido una clara conexión entre el Patronato y la venta de bebés robados.

"Su desaparición no conllevó ningún tipo de reparación a las víctimas ni rendición de cuentas por parte de las gestoras. Es de justicia que se establezcan los mecanismos de reparación para aquellas mujeres que sufrieron el yugo de franquismo a través también del Patronato de Protección a la Mujer", argumenta el grupo plurinacional.

SEÑALAR A LOS RESPONSABLES

Por todo ello, Sumar quiere que el Congreso condene la actuación del Patronato, manifieste su solidaridad con las víctimas y encomiende al Defensor del Pueblo que cree una comisión independiente con personas expertas para elaborar un informe de los abusos cometidos en su seno con el objetivo de "contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades". La idea es que remita sus conclusiones al Gobierno y a las Cortes para que adopten las medidas de reparación que se recojan en sus conclusiones.

En paralelo, el grupo parlamentario que preside Yolanda Díaz emplaza al Ejecutivo de coalición a aprobar un proyecto de ley de para reformar la Ley de Memoria de menera que incluya como víctimas de la represión franquista a las jóvenes recluidas en el Patronato, con el fin de que sean "reparadas y dignificadas"

En concreto, aboga por que se les conceda el derecho a "reparaciones económicas" y se les garantice acceso a los recursos médicos y psicoterapéuticos que necesiten las que sufrieran menoscabo de su salud física o mental "como consecuencia de su injusta detención y privación de libertad".

INDEMNIZACIONES Y ACCESO A LOS ARCHIVOS

Asimismo, solicita que se articulen mecanismos específicos para reparar a las que estuvieron bajo tutela del Patronato hasta 1985, fecha que excede el ámbito temporal recogido en la Ley de Memoria Democrática, sólo llega hasta la aprobación de la Constitución.

Sumar también quiere que el Gobierno realice un estudio para recuperar la memoria democrática de las víctimas de esta institución que "conduzca a la asunción de responsabilidades por todas las partes implicadas, incluidas las órdenes religiosas que gestionaban los centros de la institución y las empresas que se beneficiaron de la explotación laboral de las mujeres internadas en sus centros".

Otra de sus demandas es que se tomen medidas para "garantizar el acceso a todos los archivos y documentos relacionados con el Patronato" para facilitar las investigaciones sobre el mismo, que se divulgue todo lo que sucedió con estas mujeres.