Sumar reclama en el Congreso desclasificar la documentación sobre el asesinato en 1977 del sindicalista García Caparros

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Sumar en el Congreso ha reclamado la desclasificación de toda la documentación disponible sobre el asesinato en 1977 del joven sindicalista Manuel José García Caparrós, cuando participaba en una manifestación en favor de la autonomía de Andalucía.

El grupo plurinacional ha dirigido esta petición a la Mesa del Congreso, impulsada por la vicepresidenta tercera de este órgano Esther Gil y el diputado Toni Valero, al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Con ello, quiere poder acceder y consultar informes relativos a este crimen.

Mediante su escrito, Sumar ha desgranado que García Caparros era un referente sindical, comprometido con la "justicia social y la libertad", y que su asesinato constituye una "herida abierta" en la memoria democrática, dado que su figura es un emblema de la "lucha antifascista".

"Su muerte simboliza la represión contra las legítimas reivindicaciones de un pueblo que exigía dignidad y reconocimiento", ha ahondado Sumar en su escrito, para enfatizar que el "esclarecimiento de las circunstancias de su asesinato y la identificación de los responsables sigue siendo una asignatura pendiente" de la democracia española.

Por tanto, ha asegurado que la "opacidad y el silencio" que han rodeado a este crimen es "incompatible" con los principios de la Ley de Memoria Democrática, máxime ante el "auge de discursos reaccionarios" que "amenaza" con cuestionar los avances democráticos en España.

El grupo también ha recordado que en 2017 la exdiputada Eva Garcia Sampere, actual secretaria de Organización de IU, ya impulsó actuaciones al respecto y esta legislatura Sumar formuló una proposición no de ley, donde instaba a la desclasificación de la documentación y proceder a su consulta en el ámbito parlamentario.

Así, ha apuntado que la Ley de Memoria Democrática impone "obligaciones" al Congreso para garantizar el derecho de verdad y reparación a las víctimas de violencia y persecución en la Guerra Civil, la dictadura franquista y durante la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución (1978), una disposición legal que "no puede ignorar" la Mesa de la Cámara Baja.

Finalmente, ha señalado que la documentación solicitada no afecta a intereses estratégicos, de seguridad nacional o de defensa, sino que se refiere a un hecho histórico y político cuya relevancia trasciende al propio Congreso.