El Supremo revisará el 13 de mayo las condenas por el "chivatazo" a ETA

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Tribunal Supremo revisará en vista pública el próximo 13 de mayo la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de octubre condenó a año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer su cargo por un delito de revelación de secretos a Enrique Pamiés y José María Ballesteros, los dos mandos policiales acusados del chivatazo a ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

   Al frente del tribunal que verá los recursos de los condenados, que piden su absolución, y de las acusaciones particulares, que solicitan que se aplique también el delito de colaboración con ETA, estará el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. La Fiscalía no recurrió la sentencia al considerar que se impusieron una de las alternativas contempladas en su escrito de calificación.

   Completarán la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, que será el ponente de la resolución, han informado fuentes del alto tribunal.

   Además de los motivos de los condenados, la Sala valorará los recursos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ) y el propio Partido Popular, que consideran que los mandos policiales deberían haber sido también encontrados culpables de colaborar con la banda terrorista.

   La Audiencia Nacional no les condenó por el delito de colaboración al considerar que "la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no puede considerarse que lesionó o puso en peligro el bien jurídico protegido".

GRAVE DAÑO A LA LUCHA ANTITERRORISTA

   Sin embargo, la Audiencia Nacional estimó que tratándose de una acción de los acusados realizada en el ámbito de la lucha antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA, su acción causó "un grave daño a la causa pública, independientemente de que dicho aparato de extorsión de ETA fuera detenido el 22 de junio de 2006".

   El fiscal Carlos Bautista solicitó dos años de cárcel para Pamies y uno y medio para Ballesteros por un delito de revelación de secretos aunque, siguiendo la directriz del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ofreció la alternativa de cinco años por colaboración con organización terrorista.

   La pena más alta fue solicitada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que reclamó diez años de cárcel para Pamies y nueve para Ballesteros; mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió ocho y medio para el exjefe superior y ocho para el inspector; y el Partido Popular (PP) ocho años y medio y siete años y medio, respectivamente.